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Como no hay plazo que no se cumpla, tras cuatro años de haber sido solicitado por el Gobierno colombiano, regresó deportado de Estados Unidos el condenado delincuente Alejandro Lyons Muskus, gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015.
Al registrar la noticia, los medios han recordado que Lyons, pieza clave en el desmonte del llamado cartel de la toga y convertido luego en testigo de la DEA a cambio de beneficios, viene a pagar una condena que la Corte Suprema le impuso en 2018 por haberse robado nueve mil millones de pesos de las regalías del departamento.
Para ser precisos, la condena corresponde a un acuerdo con la justicia en el que él mismo aceptó los hechos, y la cifra reconocida contrasta irrisoriamente con los montos en duda en su administración mientras este personaje construyó una empresa criminal, como en su momento lo señalaron la Fiscalía, la Contraloría y varias investigaciones periodísticas. El ente acusador llegó a hablar de 20 hechos delictivos y redes delincuenciales que operaron durante su mandato, como las del robo a proyectos de ciencia y tecnología y a la salud (conocido como cartel de la hemofilia), que suman el desvío de al menos 100 mil millones de pesos.
Me lo explicó off the record uno de los protagonistas del cartel de la contratación bogotano hace unos años: “La estrategia es esta: te robas 50 mil millones, haces preacuerdo, devuelves cinco mil, pagas cinco años de cárcel y sales con los 45 mil restantes”. Es el negocio, socio.
También de manera informal —que es como a veces uno logra enterarse de lo que pasa en el bajo mundo—, uno de los caciques que llevó a Alejandro Lyons al poder me dijo: “Si Lyons hubiera podido ponerle rueditas al departamento de Córdoba para llevárselo completo, lo hubiese hecho”.
¿Y Jairo Zapa, señores de la Fiscalía? ¿Cuándo conocerá el país a los autores intelectuales del asesinato y desaparición del ingeniero que manejaba los recursos de regalías durante la gobernación Lyons, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado a pocos metros de una finca del papá del entonces mandatario? Hasta ahora se sabe que la orden la dio el condenado excontratista Jesús Henao, que el crimen estuvo relacionado con contratos irregulares para ciencia y tecnología, y que en el proceso fueron llamados a declarar el exgobernador y una de sus principales socias políticas: la exrectora de la Universidad del Sinú, Mara Bechara. Esa misma entidad fue beneficiaria de millonarios y cuestionados convenios financiados con recursos de regalías durante la administración Lyons. ¿Para cuándo la verdad completa y, sin lugar a dudas, a la familia de la víctima? Ya van 11 años.
Sin ser muy conocido ni contar con trayectoria política, Alejandro Lyons fue puesto en la silla de gobernador de Córdoba con la única credencial de haber sido abogado de Salvador Arana, el exembajador uribista y parapolítico que mandó a matar al exalcalde de El Roble (Sucre), Tito Díaz. Lo impuso una coalición conformada por las casas políticas Besaile, Elías y Bechara, que con su candidatura logró derrotar al otrora poderoso grupo liberal de Juancho López Cabrales.
Lo particular —y revelador— es que tanto tiempo, investigaciones y líos judiciales después, el exgobernador regresa y encuentra a sus viejos aliados y herederos ostentando incluso más poder. Los Besaile y los Elías, después de las condenas de los exsenadores Musa y Ñoño, con sus hermanos de herederos en el Congreso. Y los Bechara, ahora dueños absolutos de la Gobernación, en cabeza del nuevo todopoderoso cordobés: Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara Bechara. ¿Y el Partido de La U que los acoge a todos pese a todo? Bien, gracias. Alistando avales para las fichas de estos clanes en las elecciones de 2026. Porque en Colombia lo que no se castiga se hereda.
Por Laura Ardila Arrieta
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