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Pocos anhelos de la humanidad son tan fuertes y al mismo tiempo tan esquivos como el de la paz. El ideal de la paz perpetua fue propuesto en Europa a comienzos del siglo XVIII por el abad de Saint-Pierre, uno de los precursores de la Ilustración, y acogido por pensadores de la talla de Rousseau y Kant. El gran filósofo alemán escribió un ensayo sobre el tema, al que alude Henry Kissinger en su más reciente libro, del cual se publicó hace poco un fragmento en El Espectador. En él planteó el dilema que hoy sigue enfrentando el mundo entre la paz universal o la destrucción generalizada.
En los tres siglos transcurridos desde entonces la humanidad se ha ido acercando gradualmente a la alternativa menos deseable. Además de las interminables guerras europeas, la escalada bélica golpeó dos veces al planeta entero durante el siglo pasado. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson proclamó que esa contienda se había librado “para acabar con todas las guerras”. Pero no habían pasado 20 años cuando vino una peor. Y a pesar de que al terminar esta última se construyó un sistema universal para asegurar la paz, hoy pende sobre la Tierra la conminación de una de las superpotencias nucleares que de cumplirse significaría la destrucción generalizada.
Si el mundo en su conjunto ha dado tantas muestras de estupidez, nuestro país no se queda atrás. La cita de Kant también es pertinente para Colombia porque aquí enfrentamos hoy, quizá más que nunca, el dilema existencial entre la guerra y la paz. Así como el mundo ha buscado inútilmente poner fin a las guerras, Colombia está inmersa en otro de los innumerables procesos, en su mayoría fracasados, para alcanzar la paz. La paz total de Gustavo Petro es el equivalente colombiano de la paz perpetua universal. Son ideales plausibles, pero al parecer inalcanzables.
Si los seres humanos se guiaran siempre por la razón, resolver el dilema no debería ser tan difícil. ¿Quién puede preferir la muerte a la vida? Sin embargo, muchos colombianos se llenan la boca reclamando el uso de la fuerza como el principal medio de gobernar y diciendo que lo que el país necesita es más autoridad y represión. Quienes piensan así no admiten ni siquiera un diálogo para escuchar los argumentos contrarios.
El primer impulso de los inconformes es culpar al Gobierno en ejercicio de todos los males, sin consideración por sus causas. Aunque la inflación sea generada por fenómenos externos como la guerra en Ucrania o la economía de Estados Unidos, la culpa es del Gobierno nacional. Se llega al extremo de desear que este fracase, como si en tal caso el revés no golpeara a todo el país, incluyendo a los autores de semejante anhelo.
Es comprensible que los perdedores en las últimas elecciones no vean con buenos ojos lo que están haciendo los vencedores para desmantelar el sistema de privilegios que los primeros mantuvieron por mucho tiempo. Lo increíble es que esa actitud sea compartida por mucha gente del común cuya precaria situación no se debe a las políticas que está adoptando el Gobierno actual sino a las que aplicaron los gobiernos anteriores. La crisis que vivimos es el resultado de muchos factores acumulados en el tiempo que no es posible eliminar de un día para otro, ni en un mes, ni en un año. Es necesario que la conciencia popular se compenetre con estas verdades de a puño y aprecie la situación y su contexto, que tiene hondas raíces en la historia del país. Solo así se podrá reconocer la necesidad del cambio que comenzó hace siete meses. En la base de muchas de las expresiones de descontento están la ignorancia, la renuencia a ver los hechos como son y, en consecuencia, la incomprensión de las razones del inédito experimento que está en marcha. Son condiciones que se pueden remediar con un amplio ejercicio pedagógico que el Gobierno está en mora de emprender.
Por Leopoldo Villar Borda
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