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Tal como están las cosas en Estados Unidos, es altamente probable que Donald Trump gane la candidatura republicana a la Presidencia, derrote al presidente Joe Biden en la elección de 2024 y regrese triunfalmente a la Casa Blanca, aunque la justicia lo condene y vaya a parar a la cárcel. Parece mentira, pero en el ordenamiento estadounidense no existe norma constitucional o legal alguna que impida el absurdo de que un criminal condenado se postule a una votación popular y llegue a la Presidencia. La Constitución solo exige tres requisitos para ser presidente: tener 35 años o más, haber nacido en Estados Unidos y haber residido en el país al menos 14 años.
Los padres fundadores de la gran potencia no contemplaron la eventualidad, inimaginable en su tiempo, de un caso tan inverosímil como el de Trump. Para estadistas como Washington, Jefferson, Hamilton, Adams o Franklin el ejercicio de la política llevaba implícita la lealtad a una ética que hoy resulta anacrónica y hasta ridícula para los personajes sin escrúpulos que buscan el poder, como el magnate que tiene hipnotizada a una buena parte de la opinión estadounidense. A ninguno de los autores de los documentos fundacionales de la democracia estadounidense se le habría ocurrido decir, como lo hizo Trump durante la campaña presidencial de 2016, que podría pararse en la mitad de la Quinta Avenida de Nueva York y disparar a la gente sin perder un solo voto.
Lo peor de todo es que Trump tiene razón. Hoy podría repetir la frase sin temer que se debilite la base de sus seguidores, que han llegado al extremo de levantarse contra las instituciones, como lo hicieron al asaltar el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021. Ni siquiera los 37 cargos criminales de carácter federal (la más alta categoría en la escala estadounidense de delitos) de los cuales fue acusado ante una corte de Miami han reducido su popularidad ni alterado su desafiante aspiración de regresar a la Casa Blanca. Como pasó con todas las acusaciones que le formularon previamente ante los tribunales, el magnate volvió a hacer el papel de víctima y desechó los cargos como el producto de una persecución política. Con su reacción enardeció a sus seguidores, aprovechó para acrecentar su recolección de fondos para la campaña y lanzó nuevos ataques contra los sistemas judicial y electoral, el gobierno de Biden y el Partido Demócrata, convencido de que todo esto aumentará su capital político.
Ninguno de los que aspiran a rivalizar con Trump en la búsqueda de la candidatura presidencial del Partido Republicano está en capacidad de vencerlo. Y aunque las encuestas muestran que Biden todavía cuenta con una ligera ventaja en su probable enfrentamiento con el magnate, el año largo que falta para la elección puede jugar en favor de Trump. Biden encarará la prueba de otra campaña con 80 años cumplidos y ya ha dado muestras del desgaste de la edad. Trump no es ningún jovencito (ya cumplió 77), pero su evidente vigor contrasta con el del presidente. Está en una envidiable posición para aprovechar un vacío constitucional que no existe, por ejemplo, en la Constitución colombiana, que consagra explícitamente la prohibición de que sea elegido presidente quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial.
No es la primera vez que la justicia ronda a una figura presidencial en el corazón del poder estadounidense. Hace medio siglo Richard Nixon, otro presidente republicano, tuvo que renunciar cuando las pruebas en su contra por obstruir la justicia en el escándalo de Watergate indicaban que podría ser destituido por el Congreso. Para evitar esa desgracia abandonó el cargo por el que había luchado toda su vida. Trump se resiste a abandonar la competencia y con su terquedad puede someter a Estados Unidos a la mayor prueba que su democracia enfrentaría en toda su historia: tener un gobierno en la cárcel.
Por Leopoldo Villar Borda
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