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Hubo un tiempo en el que Colombia era reconocida en el mundo como exportadora de café y esmeraldas. Después pasamos a tener fama como exportadores de mariguana y cocaína. Lo que nos faltaba era la triste condición de exportadores de mercenarios. Publicaciones recientes, aquí y en el exterior, dan cuenta de que la nueva “industria” de matones a sueldo sigue desarrollándose a grandes velocidades y uno de los países que más contribuyen a ella es Colombia.
De esto dan cuenta un extenso reportaje publicado por The New York Times a raíz de la vergonzosa “hazaña” protagonizada por militares retirados del Ejército Nacional acusados del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio y una entrevista publicada por El Espectador con el excoronel del Ejército colombiano Álvaro Amórtegui, quien hoy se encuentra en el exilio porque su vida está amenazada en Colombia. Ambas publicaciones suscitan serias dudas sobre la capacidad de las Fuerzas Militares para dar enseñanzas éticas a sus miembros, atender su salud mental y ofrecerles preparación y oportunidades laborales cuando llegan al momento de su retiro.
El periódico neoyorquino se pregunta si en Colombia se ha abierto un debate sobre la forma en que el país se convirtió en un proveedor de exmilitares para cumplir misiones tan deleznables como el asesinato de Moïse a órdenes de reclutadores de otros países como Haití. Según los datos consignados en el reportaje, cada año se retiran 10.000 militares del servicio activo en Colombia, la mayoría de ellos soldados rasos licenciados con pensiones bajas, escasa educación y poca experiencia para desempeñarse en el mundo civil. Con pocas oportunidades de trabajo en el país, muchos de ellos han buscado empleo en el exterior durante los últimos años y lo han encontrado en la que el periódico llama “la creciente industria mundial de mercenarios”.
Los colombianos se han vuelto “especialmente valiosos” para esa industria por la experiencia de nuestros militares en el largo conflicto interno, la gran cantidad de retirados disponibles y su disposición a trabajar por cantidades relativamente bajas en términos internacionales, aunque altas en comparación con lo que pueden ganar aquí. “Somos máquinas de guerra, es para lo que hemos sido entrenados”, dice Isaías Sánchez, un exmilitar entrevistado por The New York Times. Y como tales se han convertido en un producto o una mercancía, como se lo quiera llamar, que cada día tiene una mayor demanda en el mercado internacional. De acuerdo con el reportaje, a los que fueron contratados para la “misión” en Haití se les ofreció un pago de 2.700 dólares mensuales, que equivalían a siete veces su pensión.
Este es un tema de fondo y el Estado colombiano debería encararlo como tal. Es necesario que la fuerza pública pase revista a la forma en que son educados y tratados sus miembros, a los principios que se les infunden y a la atención que se presta a su salud mental, sobre todo cuando han combatido y están a punto de retirarse. Algo tendrán que hacer el Gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Militares para que los uniformados que vuelven a la vida civil no terminen alimentando el monstruoso ejército de sicarios que está ganando espacio en el mundo. O si no, ¿en qué queda la pomposa propaganda oficial que exalta su amor al país y los eleva a la categoría de héroes de la patria, si son capaces de combatir y están dispuestos a matar y morir por dinero y bajo otra bandera?
Por Leopoldo Villar Borda
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