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En una reciente discusión televisada sobre el tema pensional, uno de los panelistas utilizó el ejemplo de una cobija para describir la situación del sistema colombiano de jubilación y la propuesta para reformarlo que planteó el presidente Gustavo Petro. Según el panelista, para amparar a los adultos mayores hoy desprotegidos es necesario privar a otros de algunos de sus beneficios, a semejanza de lo que ocurre al mover una cobija: si se cubre la cabeza, se descubren los pies.
La descripción ilustra gráficamente la sin salida en la que se encuentran el Gobierno y las entidades responsables del sistema ante la necesidad ineludible de evitar que estalle la que hace tiempo fue bautizada como la bomba pensional. Con el agravante de que los factores que generan esa bomba se han agudizado en los últimos años, haciendo cada día más difícil el hallazgo de la solución. Esos factores son el envejecimiento de la población y la reducción del crecimiento demográfico, cuyo efecto combinado aumenta progresivamente la carga que representan los pensionados para los contribuyentes activos del sistema. Es decir, acentúa la necesidad de correr la cobija para cubrir a los primeros con el resultado de dejar descubiertos a los segundos. La razón de este fenómeno es la insuficiencia de los recursos disponibles para cubrir el creciente pasivo pensional, que supera la increíble cifra de $900 billones.
En Colombia no hemos llegado al punto de que se frene el crecimiento demográfico, como ocurre en Estados Unidos, y mucho menos se registra una disminución de la población, como pasa en otros países desarrollados que por esta razón enfrentan sus propias crisis en materia de jubilaciones. Pero vamos por ese camino por motivos semejantes a los que han operado en ellos, como el control de la natalidad y la tendencia de las parejas a tener menos hijos o no tenerlos y llenar el vacío con la adopción de mascotas. Esto permite prever que aumentará el desequilibrio entre el número de contribuyentes al sistema y la cantidad de adultos mayores en edad de pensionarse, haciendo que el régimen sea aún menos sostenible de lo que lo es en la actualidad.
La situación no podría ser peor, pues además de insostenible el sistema colombiano es altamente inequitativo y solo cubre a una parte mínima de la población en edad de jubilarse. Mientras varios sectores minoritarios disfrutan de regímenes especiales que les garantizan pensiones de 20 o 30 salarios mínimos mensuales, los pensionados de a pie, que son un poco más de dos millones del total de alrededor de ocho millones en edad de jubilarse, a duras penas reciben un salario mínimo. Como si esto fuera poco, se calcula que casi 20 millones de colombianos estarán condenados de antemano, prácticamente desde su nacimiento, a no acceder a una pensión.
La solución planteada por el presidente Petro para resolver el gigantesco problema de la bomba pensional busca equilibrar las cargas entre el sistema público y los fondos privados, que difieren en sus formas de financiación, administración y requisitos para acceder a ellos. Aun sin haber sido expuesta en todos sus detalles, no han faltado quienes la desvirtúan con afirmaciones falsas, como la de que el Gobierno busca “expropiar” una parte de los fondos privados. La realidad es que esa solución está orientada a la aplicación integral del principio de solidaridad congruente con el Estado social de derecho que consagra la Constitución nacional.
En último término, la fórmula conducirá a asegurar a la población más vulnerable el acceso a una pensión mínima, que el mandatario estima en $500.000 mensuales. El propósito es loable y la propuesta parece factible. Es una iniciativa que debería recibir el apoyo del Congreso, de los sectores involucrados y de la sociedad en general, pues equivale a estirar la cobija para que cubra a todos los colombianos.
Por Leopoldo Villar Borda
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