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ESTA OPINIÓN NO PRETENDE SER jurídica ni de estudioso del derecho de víctimas, ni cosa parecida. Hay un sentido común al alcance de cada cual y éste es el mío: tómese en cuenta o no.
El Estado no puede indemnizar por cada crimen que se comete en el territorio. Eso está claro. Equivaldría a no tener recursos sino exclusivamente para pagar estos desafueros y no alcanzaría el presupuesto ni siquiera para costear los organismos de seguridad ciudadana.
Pero hay ocasiones en que sí debe el Estado reconocer un daño —y de hecho lo viene haciendo—, casos que el juez de conocimiento dirime, porque ha desatendido su obligación de velar por la vida y tranquilidad del ciudadano, esto es, por omisión y no se diga si ha sido por acción. Por ejemplo: no va a responder por un robo o por un crimen cometido en zona regularmente protegida y muy a pesar de los servicios de seguridad.
Pero sí ha de reconocer el defecto de protección cuando se llevan secuestrada a toda una diputación departamental, como la del Valle del Cauca, en plena sesión. Se los llevaron, los pasearon y al cabo de largo tiempo, los mataron. (“Señor presidente: los que hemos de morir, te saludamos”, exclamó conmovedoramente una de las víctimas).
Responde también por lugares del campo desamparados, donde la ciudadanía clama y no es oída. Por casos como el del alcalde de El Roble, que suplica al jefe del Estado por su vida y es asesinado.
El caso Íngrid Betancourt, emblemático, ha de mirarse por dos aspectos: que ella propició su captura, se dice, y hasta dónde la fuerza pública ha debido evitarla a como diera lugar, sin que importara su capricho. Es un lado del tema. El otro es el de su infame permanencia en secuestro, por seis años de desidia gubernamental. Cautiverio injusto, que la opinión acompañó con dolor público, antes de ensañarse también en su contra, por razón de un pedido indemnizatorio desmedido y por considerar a la excandidata presidencial ingrata, tras un rescate espectacular, que era de todos modos una obligación del Estado.
Hubo defecto en la conducta gubernamental de no entrar en conversaciones de acuerdo humanitario, por el prurito de hacer la guerra a muerte, sin esguinces. En mi criterio se debe combatir y negociar rehenes simultáneamente, por ilógico que parezca. Lo han hecho otros gobiernos. El deber de proteger la vida está primero que el de hacer la guerra a muerte.
Creo en últimas y no le impongo mi opinión a nadie, que el Estado debe indemnizar en alguna medida a quienes han padecido secuestro interminable, por desatención fundamental a sus vidas, sin hacer caso de los pedidos que estén fuera de toda proporción.
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