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Digamos que el próximo gobierno quisiera que Colombia alcanzara un nivel educativo comparable al de la OCDE, medida indispensable para aumentar nuestra productividad económica, ya que nuestra fuerza laboral carece de comprensión de lectura, de competencias aritméticas básicas, y no es apta para las actividades económicas más lucrativas de nuestra era.
Digamos también que es importante responder al clamor popular en contra de la desigualdad y que quisiéramos garantizar una renta básica de por lo menos un salario mínimo para cada hogar del país. En términos de las aspiraciones de los colombianos, una propuesta de este corte dista de ser ambiciosa. ¿Cuánto costaría?
Para nivelarnos en términos educativos con la OCDE, podríamos tratar de invertir por estudiante lo mismo que invierten, en promedio y en términos de poder adquisitivo, los países miembros de este club. Esto implicaría aumentar el gasto en educación en alrededor de $80 billones. Por otro lado, un ingreso mínimo garantizado de $500.000 por adulto (un millón para un hogar con dos trabajadores) costaría alrededor de $40 billones. Eso implicaría llevar el recaudo tributario del 19 % al 31 % del PIB, con lo cual seguiríamos pagando menos que el 34 % que paga el país promedio de la OCDE.
Las cuentas dan: podemos tener un país con educación de primer mundo y donde cada hogar tenga ingresos garantizados de un salario mínimo. Lo que no da es la economía política. El Gobierno saliente tuvo que retirar, ante protestas masivas, una reforma tributaria que buscaba recaudar apenas un 2 % del PIB, mucho menos que el 12% que se necesita para lo esbozado arriba. ¿Quién tendrá la legitimidad necesaria para enfrentarse a los intereses económicos grandes y pequeños que impiden que la economía salga adelante? Es difícil saberlo, pero ojalá sea el próximo ocupante de la Casa de Nariño, y ojalá llegue al cargo con las cuentas claras.
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