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Una de las causas de la informalidad son los altos costos de contratación. Estos son altos en parte por sobrecostos que no aumentan directamente el ingreso de los trabajadores, como los aportes a salud, pensiones y pagos a las cajas de compensación. Por eso, es oportuna la propuesta del Gobierno —incluida en la reforma tributaria— de entregar subsidios del 25 % del salario mínimo a los empleadores que creen nuevos empleos para jóvenes de entre 18 y 28 años, y del 10 % para los mayores de 28.
Como casi cualquier propuesta de política pública, esta puede mejorarse. En particular, los altos costos de contratación son un problema que no es transitorio, por lo cual debería considerarse hacer de este un programa permanente, en vez de que expire en agosto del 2023. Además, el doble trámite administrativo que implica por un lado recaudar los aportes a la seguridad social y por el otro distribuir el incentivo a la creación de empleo a las empresas se podría simplificar. Sería mucho más fácil eliminar formalmente los sobrecostos de contratar trabajadores formales y que el Estado destinara los recursos del subsidio a las nóminas a la financiación del sistema de seguridad social.
Ojalá este sea un primer paso hacia la reforma del sistema de seguridad social que necesitamos. La seguridad social no debería estar ligada al trabajo, ya que en la práctica nuestro contrato social nos obliga a garantizarla a trabajadores formales e informales tanto como a no trabajadores. En cuanto a la atención de salud, hoy en día no se le niega a ningún colombiano, trabaje o no, y lo mismo debería empezar a ocurrir con el ingreso mínimo de vejez. Esperemos que llegue pronto el día en el cual las garantías sociales se financien con impuestos progresivos y no con el sistema de retazos que tenemos hoy en día, cuyo principal efecto es reducir los ingresos de los trabajadores y el empleo formal.
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