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Si usted es periodista en Ecuador, probablemente tendrá que pensarlo dos veces antes de escribir un artículo de opinión como el que leerá a continuación. Si sus postulados no son del gusto del Gobierno o si un juez los considera como parte de un “linchamiento mediático”, entonces tendrá que responderle a la ley.
Desde el pasado viernes, si usted desea abrir en Ecuador una serie investigativa o analítica que tenga como objetivo alguna persona o entidad en particular, es susceptible de que, en caso de que un nuevo panel establecido en el país no la considere justa, tenga que rectificarse en los mismos términos o incluso sea obligado a pagar una millonaria multa. Es decir, si usted piensa diferente a dicho panel, probablemente sea castigado.
Pero esto no se queda acá. Usted también, señor tuitero o bloguero, es susceptible de ser evaluado por este comité y ser sancionado por la ley. De acuerdo a lo aprobado por el Legislativo ecuatoriano, si usted publica reiteradamente informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas estaría infringiendo la norma.
La nueva ley de comunicaciones aprobada el pasado 14 de junio de 2013 es un verdadero asalto a la libertad de expresión. Según Human Rights Watch, deteriora la libertad de expresión y representa otro esfuerzo del presidente Correa de atacar a la prensa independiente.
Así las cosas, Ecuador está bajo un escenario en el que las propias instituciones del Gobierno tienen la potestad de evaluar las críticas que se les hagan y al mismo tiempo de castigar si no están de acuerdo con ellas. Algo que inclina severamente la balanza en favor de la administración y que deja muy poco espacio a las denuncias o cuestionamientos y, eso sí, abre las puertas para que el establecimiento actúe libremente sin ser objeto del escrutinio público.
La aprobación de esta controvertida legislación fue realizada en tan sólo una hora. Los asambleístas, en su mayoría afectos a la administración del presidente Rafael Correa, le dieron su visto bueno en prácticamente tiempo récord, luego de que, tras ser presentada por primera vez hace cuatro años, fuera rechazada en varias oportunidades.
El presidente Correa, quien ha mantenido una mala relación con la prensa, asegura que esta es una ley que empodera a los ciudadanos ante abusos de ciertos medios, pero la realidad es que el ciudadano más beneficiado por este documento es el propio mandatario, quien es constantemente criticado por no recibir bien cuestionamientos, críticas o incluso ideas diferentes a las de su propia cosecha.
Un país sin prensa libre es un país sin libertad de expresión, es una nación sin democracia. Es simplemente una nación inviable.
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