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Ante un escenario económico difícil, complicado por la incertidumbre que sus anuncios y peleas han propiciado; sin mayorías en el Congreso para tramitar unas reformas que no se acaban de elaborar y con una promesa de “paz total” que ha permitido el resurgimiento de la violencia en los territorios, el mayor desafío del gobierno en el año que comienza será mejorar su capacidad de gestión. Debe superar sus propios errores -más visibles como en caso panamericanos- y el fundamentalismo que le sirvió para ganar al potenciar la polarización, pero se ha convertido en su mayor obstáculo para gobernar.
Los retos económicos este año comienzan con el control de la inflación y la recuperación de la confianza del sector privado en la perspectiva de restablecer la senda de crecimiento. La capacidad de armonizar las reformas laborales y de salud con los diferentes actores puede ser una oportunidad para transformar el tinglado en que se han convertido en la pieza maestra que empuje el crecimiento, restableciendo un indispensable clima de cooperación al reemplazarlo por el de confrontación que el mismo Petro ha creado.
El Petro que observamos en su última aparición pública, más pragmático que pendenciero, puede ser producto de un cambio en la estrategia de comunicaciones ante los resultados de las elecciones regionales y las encuestas, pero también el reconocimiento de que la gestión del presidente puede convertir en políticas y hechos sus propuestas para lo que necesita la participación y cooperación de otros sectores y las mayorías de las que se ha divorciado. Si bien la reducción de la inversión privada puede imputarse a la incertidumbre generada desde el mismo gobierno, la reducción de la inversión pública solo puede adjudicarse a una escasa capacidad de gestión.
La atmosfera política luce más complicada para Petro que el año anterior. Los precandidatos de 2026 -como ya lo hace Claudia López- arreciarán sus críticas convirtiéndolas en eje de sus campañas. El trámite de las reformas en Senado encuentra más obstáculos que en Cámara donde la capacidad de persuasión del ministro Velasco -la esperanza petrista para hacerse al control del liberalismo en la perspectiva de su próxima convención- resultó, hasta ahora y con múltiples denuncias sobre la repartición de mermelada, apenas suficiente. Esas mismas denuncias sobre irregularidades convertirán el proceso y los tiempos de elección del nuevo fiscal, como nunca, en un argumento de peso en la balanza política. Con el antecedente de lo ocurrido en la Cámara, donde sin tener mayorías el gobierno las logró como “por arte de magia”, deja en manos de las cortes, en la práctica, el control de eventuales desbordamientos del Ejecutivo, como corresponde a su misión constitucional.
La perspectiva de “paz total” -salvo por el preacuerdo con el ELN- no ha sido refrendada por un clima de convivencia en los territorios. El número de masacres se mantuvo constante en 2023 (94) mientras los secuestros prácticamente se duplicaron entre 2021 (160) y 2023 (Más de 300). De mantenerse la postura gubernamental invariable será inevitable que continúe perdiendo respaldo popular con el agravamiento del contrapunteo con gobernadores y alcaldes. Ante la imposibilidad de mantener en el tiempo tal situación cabe esperar que tome fuerza en la campaña presidencial una oportunista, inoportuna e inconstitucional propuesta de federalización.
Si un presidente revanchista, que ha segregado a los gobernadores que supone “amigos” de quienes supone no lo son y permanentemente caza peleas denostando de la participación privada y de todo el que difiera de sus puntos de vista, cede su lugar al Petro pragmático que observamos en la alocución presidencial al preocuparse y ocuparse de la eficiencia e inmensas capacidades de ejecución a su disposición, tendrán su gobierno y Colombia mejores perspectivas en el año que comienza
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