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Un debate, como el que se acaba de abrir sobre IVA y salarios, no es para nada negativo. Para el gobierno, sin embargo, coincide con la ausencia de una coalición mayoritaria que le apoye en el congreso y la de una estrategia de comunicación política.
La autonomía mostrada por el presidente Duque en la conformación de su gabinete, una manera de tomar distancia del congreso y la mermelada que caracterizó su funcionamiento en los periodos anteriores, descarta improvisación o falta de dinamismo de la ministra del interior para crearla. Se puede entender como el talante de un gobierno que estrena una forma de relacionarse con el legislativo: cero mermeladas, aun al “costo” de “ceder” la contraloría, por ejemplo, a otras fuerzas políticas.
¿Se niega, a sí mismo, el gobierno la posibilidad de crear una coalición que garantice su gobernabilidad? ¿Se buscará una mayoría para cada proyecto que presente? ¿Se expondrá, de manera permanente, a que la oposición se la construya?
Airear los debates ante la ciudadanía, como ha ocurrido esta semana, es positivo, pero cualquiera sea su resultado el sentir de la opinión poco influye en las decisiones del legislativo, como se ha observado en el pasado. Puede servir para poner en evidencia ambiciones desbordadas de quienes están acostumbrados a las transacciones, que, por otra parte son inherentes a la política, al menos en democracia. Maduro, por ejemplo, no tiene ese tipo de molestias.
Mientras el debate por la ampliación de la base impositiva era perfectamente previsible, en cuanto se trataba de una promesa de campaña y se siente la presión de las calificadoras de riesgo, el del aumento salarial nos sorprendió a todos. Varios dirigentes sindicales, opuestos históricamente al Centro Democrático, manifestaron su respaldo a la medida. Se cambiaron las habituales coordenadas.
Desde el punto de vista económico las dos propuestas son perfectamente discutibles y realizables, aunque no se hubiese demostrado que reducir impuestos a las empresas genere, en sí mismo, competitividad, ni el aumento de salarios, por una sola vez, produzca crecimiento de la economía y mejora en los niveles de bienestar. Por el contrario, si el país aumenta su capacidad de crear riqueza es perfectamente posible aumentar utilidades y salarios, pero ello no depende solo de los impuestos.
Estabilidad fiscal y capacidad del Estado para cumplir sus funciones, en cambio, sí dependen de ellos o de la reducción del gasto. No es aconsejable restar capacidad de compra a la gente por la vía de impuestos, como tampoco se puede pedir al Estado que funcione si no existe un nivel de tributos, digamos, razonable. En Colombia, sin embargo, la ciudadanía es renuente a pagar por razones conocidas: el robo del erario. En ello están de acuerdo los empresarios, a quienes se les piensan reducir, como los ciudadanos a quienes, hasta ahora, les ha sido indiferente el sobrecosto de la corrupción, entre otras razones, porque creen que no lo pagan.
Con una perspectiva más realista han terciado en el debate instituciones como ANIF, al proponer una nivelación del IVA al 19% para insumos que hoy pagan el 5%; estabilizar el impuesto de renta en 35% y gravar con tres puntos más los ingresos superiores a 50 millones. El problema no consiste en la devolución del IVA de la canasta a las personas con más bajos recursos, lo que siempre se podrá hacer con programas como familias en acción etc.
En economía las expectativas son determinantes y ninguna de las dos medidas ayuda, por la manera como se han presentado, a mejorarla. Tampoco ayuda a la imagen del presidente la falta de sintonía entre el ministro de hacienda y los parlamentarios de su propio partido. El debate democrático es siempre saludable, pero el gobierno debe cuidar su capital político. Cualquiera sea el rumbo que finalmente tomemos, es mejor con una buena estrategia de comunicación política. Atención: después de los anuncios el presidente perdió 12 puntos, en pocos días, en la última encuesta.
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