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Constitución: 20 (¿o 200?) años

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Un balance de la Constitución de 1991, veinte años después, deja a los colombianos un saldo que no puede ser sino positivo.

El ejercicio de la tutela retornó la voz al ciudadano inerme y le reconoció garantías; la universalización de salud y educación básica ha tenido, pese a sus problemas, un avance extraordinario; el régimen económico se actualizó, sustrayéndoles a los gobiernos la capacidad de generar distorsiones casi siempre inflacionarias. Estos son algunos de muchos logros.

Sin embargo, también encontramos en ella “gazapos” como el rango Constitucional de los derechos de un grupo de empleados, lo que va en contra de la igualdad y los derechos de todos, o  esperpentos como la Comisión Nacional de televisión que en buena hora marcha a su desaparición.

Una evaluación de principios revela que la participación no ha tenido el desarrollo esperado y no ha sido promovida y asimilada por Instituciones y ciudadanos como para generar cambios perceptibles. El control ciudadano ha sido decorosamente reemplazado por el de los medios, a través de  información y transparencia. Pero ¿Es esto suficiente?

Por otra parte, la descentralización hasta ahora comienza a profundizarse, con la Ley de ordenamiento territorial, habiendo permanecido por dos décadas en manos de clanes politiqueros mientras los ciudadanos, en gran medida, observan o padecen, pero no se involucran en su desarrollo. Con recursos inesperados y sin experiencia en su manejo,  muchas regiones han observado como sube el valor que se paga por votos comprados y no han faltado mandatarios y autoridades locales atrapadas en el medio de las fuerzas en conflicto.

Nadie sabe hasta donde el narcotráfico influyó antes y durante el proceso constituyente, pero los resultados en la guerra que vino después no son los deseables. No son atribuibles a Colombia sus causas, más sí la desestabilización que ha generado en nuestras costumbres e Instituciones. El conflicto que hoy el Estado comienza a reconocer está impactado por él y en algún momento sus consecuencias han puesto a los colombianos a escoger entre barbarie y civilización. ¿No era entonces tan grave el problema como para merecer tratamiento excepcional en nuestra carta?, ¿En el periodo de mayor amenaza y peligro para nuestras Instituciones, resultaba pertinente quitar tantas facultades al ejecutivo? ¿Ha servido para algo la reforma de la política, si evaluamos los Congresos anteriores al actual?

Ha dicho certeramente el ex Presidente Gaviria que si la Constitución de 1886 fue la de las Instituciones, la de 1991 ha sido la de la gente. En un país que ha generado más de una decena de reformas constitucionales y otros tantos conflictos civiles desde 1810, algunas cosas debemos tener pendientes de resolver. Existen lecciones evidentes, como que ningún país puede permanecer 200 años en permanente conflicto sin que diagnostique una crisis de autoridad del Estado y no de exceso de ella. El proceso de construcción de la Nación tiene que ver también con la consolidación, respeto y acatamiento de la autoridad legítima.

Si  los hechos anteceden a las normas estamos demorados en observarnos al espejo y reconocernos, para seguir adelante. Veinte años después debemos sentirnos orgullosos de nuestra Constitución pero también preocupados porque violencia y  corrupción no cesan. En esta circunstancia el Estado debe fortalecerse más que debilitarse y las necesarias reformas tomar como referencia  más a Cundinamarca que a Dinamarca.

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