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No se trata del dilema “mercado o Estado”, presente en las discusiones académicas por tantas décadas y, en realidad, resuelto por los hechos desde la Gran Recesión. El desafío ahora se refiere a las respuestas de la democracia ante el autoritarismo, en la sociedad posglobal, y el proteccionismo reforzado por los efectos sociales, políticos y económicos del coronavirus.
El mundo, en recesión; la inversión, en caída libre; los consumidores (responsables de la mayor parte de la demanda), encerrados. ¿Qué nos queda? La inversión y el gasto público, siguiendo la reconocida ecuación keynesiana, otra vez vigente.
Pero incluso el librecambio, motor de la expansión del sistema económico y sus ventajas, sustentado por la economía clásica hace siglos en el interés individual, que puede explicar el crecimiento sin precedentes de la economía y el comercio desde las revoluciones francesa y estadounidense, también cuenta la forma en que muchas actividades regularmente no rentables deben ser asumidas por el Estado para que la sociedad pueda subsistir, como en los problemas que ha revelado la pandemia. Hace apenas unos meses, por ejemplo, resultaba más rentable especular en bolsa que producir equipos médicos, y en unos días puede seguir siéndolo. Sin embargo, la brecha entre el interés individual y el general debe ser ocupada por el Estado, aunque sea de manera tardía, como lo intentamos ahora en todas partes del mundo.
Así, todos nos hemos puesto de repente de acuerdo en la vigencia e importancia de la inversión y el gasto públicos como el recurso para jalonar la demanda y, en caso de necesidad, orientar la oferta. Desde la ONU, que pide respuestas globales unificadas, hasta el presidente Trump, quien promueve el mayor programa de infraestructura de la historia para generar empleos y frenar ya no el virus sino la recesión, convertidos hoy por hoy en el mismo problema, mientras Francia, por su parte, financiará directamente los empleos. Todo ocurre cuando pensábamos en la globalización como el más grande desafío para la supervivencia del Estado, en razón de la relocalización mundial de la producción y la consecuente disminución de ingresos del Estado que puso límites a su capacidad de intervención.
Paradójicamente, como van las cosas, el Estado terminará comprando buena parte de las acciones de muchas empresas. Como consecuencia del virus, las tendencias se han invertido: las potencias se preocupan ahora por su pérdida de autonomía en sectores estratégicos, como el suministro de componentes y medicamentos cuya cadena productiva pasa hoy, ineludiblemente, por India y China. El virus es marcadamente proteccionista, como anticipamos, cuando comenzaban a sentirse sus efectos, desde esta columna (ver aquí).
Pero no solo están cambiando la estructura productiva y la economía: estamos asistiendo a un punto de quiebre histórico con efectos, también, en el uso de la tecnología, las instituciones y el sistema político. ¿Hasta dónde pueden llegar esos cambios?
No lo sabemos, aunque seguro aparecerá primero la vacuna. En cambio, conocemos que corresponde proteger las libertades y la democracia en un momento en que puede desbordarse el totalitarismo, una forma costosa e inhumana de garantizar la supervivencia del Estado. Al sistema político le cae como anillo al dedo su renovada vigencia, aunque un impensable retorno mundial al proteccionismo pueda cambiar, para empeorar, nuestra forma de vida.
En Colombia nadie debe molestarse por la existencia de voces diferentes sobre lo que debe hacerse en un escenario en el cual la mayoría de variables son desconocidas. La pluralidad es inherente a la democracia. Pero las medidas del Gobierno nacional deben ser acatadas y respaldadas a riesgo de repetir las experiencias de Italia y España, o el mal ejemplo del presidente Trump al dejar en manos de los gobiernos locales la decisión final sobre aislamiento para no comprometerse. ¿Ha privilegiado sus intereses electorales sobre el liderazgo que impone su condición?
De acuerdo con los expertos en salud, hemos entrado en Colombia en una etapa de “mitigación”, pero debemos garantizar la oferta de alimentos y las condiciones e ingresos para jalonar la demanda. No se trata de una sustitución temporal o de asistencia en realidad urgente para los más necesitados. El reto es mucho mayor y el Estado deberá emplearse a fondo. Necesitará, insistimos, del respaldo del Banco de la República para hacerlo, aunque debamos poner a funcionar la máquina de fabricar billetes. ¿Genera inflación? Con la recesión inminente es imposible y, en cualquier caso, sería un mal “menor”.