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Los gobiernos, este o cualquiera, no pueden hacer magia, como para solucionar los problemas del país en 100 días. Pero en un momento en que desde diferentes orillas se demanda liderazgo y la definición de un rumbo con que la ciudadanía se identifique, no le ayudan las diferencias de intereses, ventiladas públicamente entre sectores del gobierno y no en el consejo de ministros, como debiera ocurrir. Una propuesta con origen en MinTic dejaría sin recursos al Ministerio de Cultura y al proyectado del deporte.
Se trata de un falso dilema, que solo puede explicarse por falta de deliberación y articulación en las decisiones de gobierno. No es solo un problema presupuestal; es uno relacionado con sus mismos objetivos en educación y telecomunicaciones, y con la economía naranja que trata de promover.
Tecnología y conocimiento disponible deben ser observados, desde el Estado, como partes de una totalidad sobre la cual este interviene a través de políticas públicas; es decir, actividades desarrolladas de manera ordenada y consistente conforme a reglas, encaminadas a conseguir objetivos de interés general. Pero las políticas públicas deben ser consistentes; apuntar en la misma dirección, lo que no ocurre, evidentemente, en este caso.
El encontrón entre el MinTic y sectores parlamentarios que, en teoría, apoyan al gobierno, a raíz de la propuesta para eliminar el impuesto del 4% que se destina actualmente a cultura y deporte, parece en contravía de las actuales necesidades de financiamiento, aunque esté bien intencionado en la pretensión de aumentar cobertura y calidad del acceso a internet que hoy prestan operadores privados.
El reclamo más consistente, entre quienes no están de acuerdo, se refiere a la importancia que esos recursos tienen hoy en el Ministerio de Cultura y en el fomento del deporte, sin que existan garantías de que esa reducción mejorará, en el corto plazo, el acceso a banda ancha por parte de los usuarios.
Un cálculo elemental revela que, en principio, la ministra tiene razón: está probada la relación entre crecimiento, bienestar y conectividad. Un estudio del DNP realizado el año pasado, por ejemplo, señala que “incrementar la velocidad en 1 Mega Byte puede generar aumentos en el PIB per cápita de hasta 2,9%”.Hoy, tenemos más de treinta millones de conexiones de banda ancha de las cuales el 78% corresponde a celulares. En grandes áreas del territorio, sin embargo, la penetración de internet fijo está por debajo del 5%.Tenemos mucho por hacer y, evidentemente, el sector privado puede ayudar.
Vale recordar que los avances del país en la materia se han alcanzado con un esquema que privilegió la participación de operadores privados. La penetración de internet hoy, 60.9%, debiendo mejorar, es una cifra incontrastable que hace parte de una infraestructura aun insuficientemente utilizada en áreas como educación y medicina. El país necesita optimizar la cantidad y calidad de conexiones, pero también dar un más eficiente uso a lo que ya tenemos.
Por ello una política en esa dirección debe, cuando menos, consensuarse entre diferentes entidades de gobierno, comenzando por la participación del Ministerio de Educación, el más importante usuario de las redes en la perspectiva de un nuevo modelo educativo cada vez más inaplazable. Por supuesto el de Hacienda y las entidades que dejarían de recibir los recursos.
Así que la propuesta de Mintic, bien intencionada, no cumple cuando menos dos supuestos indispensables. El primero la ausencia de integración en una política de Estado sobre el modelo educativo y el papel de las redes. El segundo, un compromiso claro, por anticipado y al detalle, con los operadores que brinde garantías tanto a ellos como a los usuarios y las entidades de gobierno.Consensuar antes siempre es mejor.