¿“Dictadura” de las Cortes?

De acuerdo con la Corte Constitucional el congreso no tiene facultades para reformar la Carta, pese a que la misma establece los actos legislativos como una manera de hacerlo, junto con el referendo o una constituyente. Parece raro que el congreso pueda reparar algunas cosas pero otras no, como va a pasar con la Ley de equilibrio de poderes. El punto de honor fue la proyectada desaparición de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el más politizado y verdadero núcleo del poder judicial.

Asistimos, pues, a un pulso político, lo cual no tiene nada de raro porque resolver asuntos políticos es la esencia de la Corte Constitucional. Aunque sea “en causa propia”, como en este caso en que ejecutivo y legislativo, y de paso el país, fueron derrotados por una “Rama” que reafirma de esa manera su autonomía e independencia, par y paso con su incapacidad para auto reformarse. Vale recordar que a la frustrada reforma de 2012 le habían añadido, en la etapa de conciliación, gabelas tanto a magistrados (extensión del periodo de 8 a 12 años etc.) como a congresistas, lo que casi genera un referendo revocatorio luego de una indignada reacción de la opinión que lo vio como una manguala.

Luego de conocerse la decisión, al presidente del Consejo, doctor Suarez, se le han escuchado frases como: “No se debe manosear la Constitución”; han tratado de “capturar la carrera judicial”, y otras del mismo talante. Ni congreso ni gobierno han revirado formalmente, en las puertas, como estamos, de decisiones cruciales como el plebiscito y la elección de fiscal, sobre las que se pronunciarán Constitucional y Suprema, en un momento en que el congreso tiene una opinión desfavorable (Gallup, mayo) de 76%, el más alto desde el año 2000, en el periodo Pastrana, y el gobierno una desaprobación de 72%.

Pero olvida el doctor Suarez que hoy en Colombia la opinión desfavorable del sistema judicial es del 81%, la peor desde que se hacen encuestas ; que la misma Corte Constitucional dobló su negativo entre la ciudadanía en apenas cuatro años, pasando desde 30% hasta 59%; y que hemos llegado hasta allí luego del carrusel de pensiones; los conocidas escándalos de los magistrados Villarraga y Pretelt y unos niveles de impunidad y corrupción vergonzosos. Olvida, también, que si alguno de los altos tribunales tiene un claro origen político es el que preside; el que la reforma quería cambiar atendiendo un clamor nacional. Por último, vale la pena que los magistrados del consejo expliquen por qué acordaron, como lo denuncio el magistrado Correa, hacer cabildeo en el mismo congreso del que ahora denigran.

Pese a declaraciones bien intencionadas como las de la presidenta de la Corte Suprema, en entrevista publicada ayer, proponiendo un acuerdo nacional por la justicia, luego de tantos fracasos, el árbitro tiene que ser el constituyente primario. Pero todos sabemos, comenzando por políticos y Cortes, que no es el momento en vísperas de la firma de la paz, un “bien supremo”. Es una disputa que quedará aplazada pero tan inevitable como la verdadera reforma política que hace rato nos estamos debiendo.

¿Por qué pasa algo así? Para empezar es una confirmación de que en Colombia, pese a nuestros problemas, no tenemos una dictadura. No es tan mal mensaje, en principio, que la Corte no haga, necesariamente, lo que gobierno y congreso le digan, aunque sea por que no le conviene y a pesar de que la justicia en nuestro país siga manga por hombro.

@herejesyluis