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No es tan raro que la agenda del presidente Duque no sea la misma del Centro Democrático, partido que lo eligió. Él ahora representa el interés del Estado y entre otras responsabilidades tiene la de promover convivencia y unidad, en un escenario turbulento en que su gobierno requiere gobernabilidad en el congreso y la opinión, aunque todos sus copartidarios no le ayuden, sin darse cuenta que la campaña que les dio el triunfo terminó y ahora, para ellos y para todos, se trata de hacer el mejor gobierno posible.
Además de las naturales diferencias políticas y la conocida polarización, el momento exige reformas y políticas públicas que propicien crecimiento y bienestar. Duque hizo un tránsito rápido de candidato a gobernante. Para comenzar, las indispensables reformas estructurales, tributaria y pensional, tendrán para su gobierno un alto costo en la opinión. La “independencia” de su primer gabinete choca con las iniciativas que ha iniciado para poner fin a la mermelada “tóxica” y la corrupción en la política.
Se puede anticipar un primer pulso gobierno-fuerzas políticas en la inminente elección de contralor general que ha motivado incluso la reaparición del ex candidato Vargas Lleras. No le queda bien, ética y moralmente, al gobierno que le controle alguno de sus amigos, pero desde un punto de vista pragmático tampoco es viable que lo haga un representante de sus reconocidos malquerientes sin quedar como rehén de una clase política dispuesta a mantener sus privilegios. La experiencia ha demostrado que el congreso tiene, como debe ser, vida propia, y el sentir de la opinión o el evidente interés general le pueden resultar indiferentes a la hora de las decisiones.
El gobierno ha presentado al congreso sendos proyectos para poner freno a la corrupción en un momento en que esta, además de indignación ciudadana, ha llegado a niveles que comprometen la supervivencia del sistema democrático. Ha comprendido que puede ser la última oportunidad de Colombia antes de caer en el despeñadero del populismo que ya transitó, vale decirlo, Venezuela. Sin embargo, conviene establecer diferencias entre prácticas corruptas y el curso natural de la política: negociar y transigir sigue siendo la manera más civilizada para resolver diferencias de intereses.
En los proyectos presentados se destacan las listas cerradas; el fortalecimiento y democratización de los partidos; el establecimiento de pliegos tipo en la contratación, y se extraña una mayor participación ciudadana en la vigilancia, control y ejecución del presupuesto.
Pero no puede ser condenable que los congresistas representen a sus electores sirviendo como canal de sus aspiraciones y solicitudes. Para ello los eligen. Es la esencia de la representación en cualquier democracia. Satanizar ese oficio como “clientelismo” solo ayuda a que los arreglos y ajustes políticos se realicen por debajo de la mesa. Representación o “clientelismo” no son sinónimos de corrupción.
El asunto se observa mejor en las democracias parlamentarias: la formación de gobierno y conformación de mayorías se cambia no por promesas si no por asientos en el gabinete que otorgan a los partidos la posibilidad de ejecutar sus propuestas y cumplir a sus electores. Así ocurre en las llamadas democracias avanzadas; por encima de la mesa. El nuestro, vale recordar, es un sistema presidencialista que otorga ventaja al ejecutivo pero debe contar con el congreso que también le controla. Puede no resultar suficiente para el gobierno la invocación del interés general o la opinión, como lo hizo la ministra del Interior ayer, para conseguir éxito en el proceso parlamentario. De ello va a depender la duración del actual gabinete.
La definición transparente de una coalición mayoritaria en el congreso es tarea prioritaria del nuevo gobierno. Ayuda a entender que la agenda presidencial no sea idéntica a la de un partido en particular, aunque sea uno de los que lo eligió. Además de promover unidad, Duque debe garantizar su gobernabilidad en un país de partidos débiles, y de tan escasas como efímeras lealtades.