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Al sancionar a las empresas que lo encarecieron, artificialmente, el gobierno hace lo que toca.
Sabemos que la inflación es el peor de los impuestos. En el último año llegó a 5.35%, la cifra más alta de los últimos ocho, siendo los alimentos, a septiembre, el segundo rubro más importante, con 1.29% de “responsabilidad”. Ese incremento golpea, ante todo, a los más pobres, para quienes los alimentos pesan más en su canasta.
Pero otros afectados son las industrias que procesan alimentos y para quienes es una materia prima básica. Hace pocos meses Chiclets Adams, por ejemplo, debió cerrar. Con el precio interno del azúcar no son competitivas. De un lado están los ingenios, Riopaila, Incauca, Manuelita, y del otro Coca Cola, Bavaria, Meals, Nestlé y la Nacional de Chocolates. Es, también, una pugna de intereses entre sectores empresariales.
La discusión, en el fondo, no trata de si conviene proteger a un sector de la industria si no, si debe hacerse a un costo tan alto para otros sectores , que también pierden empleos, y toda la población, aparte “detalles”, como un arancel superior al 117% y los abusos que puede cometer una posición dominante.
La Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo lo que corresponde y ayudando a controlar la inflación, ha venido tomando medidas para proteger a los consumidores. Primero fue el Cartel de los pañales; luego, una, multa de 33.800 millones a distribuidores de arroz y ahora una de 320.000 millones a los ingenios azucareros. En todos los casos se trata de violación de la libre competencia o, mejor dicho, de imponer precios diferentes a los de mercado de manera artificial.
Los argumentos del gremio azucarero, que se refieren a la importancia de esa industria para el Valle del Cauca y los empleos que genera, aproximadamente 180.000, tratan de ejercer presión sobre el gobierno. Es el choque entre un principio del ordenamiento económico y constitucional, la libre competencia, y la realidad de nuestro país con una industria que genera empleos pero actúa de manera monopólica, dando como resultado sobreprecios que son pagados por todos los colombianos. Un “impuesto” más, en este caso, a favor de terceros y no del Estado.
Aunque el precio internacional ha descendido en los últimos años de 750 a 350 dólares tonelada, de acuerdo con cifras de Asocaña, para julio de 2015, el precio por libra en el mercado de Nueva York era de 11.8 centavos de dólar mientras en Londres de 16.Con un dólar de $2900 como ahora, uno y otro, equivaldrían a 342 y 464 pesos. Con uno de 1800, como hace un año, a 212 y 288.Con cualquiera de las dos tasas de cambio los 1300 que pagamos en los supermercados son una exageración.
Aunque se quiera presentar la decisión de la superintendencia como una forma de presión política, aparte de las distorsiones en la economía, el mandato de la Constitución es claro y el artículo 333 parece hecho a medida de la actual situación:
“…La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. … El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”
Así, el superintendente, Doctor Felipe Robledo, no podía obrar de manera diferente y lo que puede estar en discusión es el tamaño de las sanciones y un desmonte gradual del arancel. Al final, ¿Bajará el precio interno del azúcar? Ya lo veremos.
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