El intocable clientelismo judicial

Administrando sus fallos a cuentagotas, la Corte Constitucional, decidió que el Congreso no tiene facultades para reformar la Justicia, reviviendo la comisión de acusaciones de la cámara, un ente que desde su creación no ha cumplido sus funciones; una de las trabas  que impiden un correcto funcionamiento del sistema judicial. Hace unos meses hizo lo mismo al revivir la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, corazón  de la frustración innegable en que se ha convertido la justicia colombiana. Esta semana, la todopoderosa Corte resolverá si podemos, o no, hacer el plebiscito. La cosa es simple: Gobierna.

Estas decisiones se producen luego del fracaso de otros intentos de reforma. El anterior  costó la renuncia a un ministro de lujo como Juan Carlos Esguerra, luego de denunciar componendas en que participaron magistrados, y una reacción de la opinión que llevó al gobierno a devolver una Ley  en la que se habían hecho, luego del respectivo lobby, concesiones inmensas a los altos magistrados, como  la extensión de sus periodos de 8 a 12 años para conseguir su “apoyo”.

Los problemas  de la justicia están, desde hace mucho, diagnosticados: congestión, impunidad, dilación, politiquería, diferencias abismales entre altos salarios de  magistrados y  muy bajos de los servidores judiciales, y han desembocado en sucesivas manifestaciones de corrupción, definida por Transparencia por Colombia  como ““el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. Casos recientes que la opinión ha conocido, como los de los magistrados Villarraga y Pretelt, o el “yo te elijo tú me eliges”, de los magistrados Munar y Ricaurte, han desnudado  a las Cortes haciéndoles perder el prestigio que alguna vez tuvieron. Frente a estas formas de clientelismo judicial, el de los políticos, definido como intercambio de favores entre electores y elegidos, parece juego de niños.

Todos estos hechos han generado que en la más reciente encuesta (Gallup junio) la Corte Suprema tenga una opinión desfavorable de 64%; la Constitucional una de 52%y el sistema judicial colombiano un negativo de 82%. ¿Puede una democracia funcionar con una justicia en la que nadie cree? El Consejo Privado de Competitividad, por ejemplo, una entidad que congrega a empresarios y prestigiosas universidades, en su informe 2015-2016 considera que “resulta alarmante la percepción que hoy en día se tiene sobre la justicia colombiana, la cual es vista como poco eficiente, altamente congestionada, de baja calidad, con un acceso limitado y con retos importantes en términos de transparencia y credibilidad”.

La justicia, uno de los pilares de las sociedades democráticas, en Colombia no funciona adecuadamente. Es una de las razones que han dado lugar a la larga guerra que estamos tratando de terminar. Las cortes han sido incapaces de solucionar sus problemas; de auto reformarse, pero impiden cualquier intento de hacerlo. La solución, por descarte, es una Constituyente que no es posible sin el visto bueno  de la misma Corte Constitucional en ejercicio de su particular forma de “gobierno”, no exento, como se ha visto, de su propio clientelismo y corrupción. Estamos en un callejón sin salida. Uno muy, muy largo.

@herejesyluis