Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Privatizamos el sector eléctrico en la Costa por incapacidad para manejarlo. Ahora el Estado lo interviene por deficiente gestión.
Ante la falta de inversión por parte de Gas Natural Fenosa la intervención del Estado, a través de la Superintendencia de servicios públicos a Electricaribe, es, en la práctica, un salvavidas a la empresa pues el gobierno deberá responder en el corto plazo por recursos que se necesitan para su funcionamiento.
Los accionistas conocían las particularidades del negocio cuando “se subieron al bus”. Y sus dificultades. En el periodo 2008- 2014 han recibido más de 400.000 millones del gobierno para expandir redes y mejorar el servicio. De acuerdo con la Contraloría General de la República buena parte de los recursos dispuestos se han quedado sin ejecutar, evidenciando un problema de gestión.
La intervención está motivada por incapacidad de pagar a sus proveedores, fundamentalmente empresas productoras de energía. En teoría, paradójicamente, se trata de un problema de flujo de caja (ingresos y egresos en el tiempo) una de las fortalezas de la empresa, porque, otra vez en teoría, los números dicen que distribuir energía sigue siendo buen negocio. El problema, según los propietarios, son las pérdidas y los usuarios que no pagan, entre ellos varias entidades de gobierno. Los inversionistas no dicen que se quieren ir de Colombia pero la empresa ha llegado a un punto en que no puede funcionar con los efectos que eso tendría no solo en las generadoras sino por el problema social que ocasionaría.
Electricaribe atiende 2 y medio millones de clientes. Buena parte de ellos se queja y, constantemente, sabemos de protestas y paros. Las autoridades locales, con razón, reclaman un mejor servicio. En libros, sin embargo, la empresa funciona normalmente, al punto que entre 2009 y 2014 tuvo ingresos por casi 16 billones de pesos de los que registró utilidades brutas por 3 y medio billones. En 2014, solamente, recibió recursos del FOES por 122.000 millones cuya mayor parte fue aplicada como menor valor de los consumos. En ese mismo año hicieron una provisión de cartera (protección frente a quienes no pagan) por 176.400 millones. La operación considera un FCR (Factor de riesgo de cartera) para protegerse del impago, pese a ello en ese año se produjeron casi 500.000 suspensiones del servicio. A 31 de diciembre de 2015 los ingresos fueron de 4.285.653, un 22% más que en 2014, y sus utilidades brutas de 863.218.En resumidas cuentas es un negocio floreciente.
Si hay gente que no puede pagar se trata de un problema social y político que se puede resolver “castigando” de una buena vez los impagos y arrancando desde cero, es decir, liquidando la empresa. Pero en lugar de dejarla “morir”, motivando su intervención para que el Estado responda, Fenosa debió hacer total claridad sobre la operación. ¿No calcularon, cuando se hicieron al contrato, los problemas de pago? ¿Están esperando que el Estado solucione asumiendo los impagos y fondeando la empresa, para luego recuperar la administración?
Como principio no es conveniente que el Estado intervenga empresas, pero en este caso, ante la mora en capitalizar por parte de los accionistas, no había solución diferente o lo que venía era el cese de actividades. Queda un mal sabor porque el Estado asume la gestión y tendrá que poner más plata, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de distribuir utilidades, ni en este ni en otros casos.
En Electricaribe se desvirtúa lo que para muchos es un principio de administración según el cual las empresas gestionadas por el Estado son ineficientes por naturaleza y deben cederse a la iniciativa privada. A ver si aprendemos y tomamos las previsiones necesarias ante una eventual demanda para que la cosa no resulte en un daño mayor que vamos a terminar pagando todos. La lección es que los desafíos del sector público no se solucionan, necesariamente, entregando la gestión a los privados. Aquí un buen ejemplo.
Conoce más