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Las medidas asumidas por el Gobierno resultaban indispensables para contener la expansión del coronavirus en el momento, pero no serán suficientes para responder a sus efectos económicos y sociales de mediano y largo plazo. Deben construirse unos nuevos propósitos para el país, una estrategia nacional a manera de megaproyectos en diferentes áreas para afrontar un contexto recesivo.
Nadie debe poner en duda que el manejo de la crisis, con el entorno, los recursos y el escaso conocimiento disponibles, ha sido acertado. Las cifras son incontrovertibles, pero ese relativo éxito no durará para siempre si las circunstancias y la evolución de la enfermedad, incluso, se mantienen constantes. El marco de referencia es la recesión internacional que ha puesto en problemas, con mayor impacto, a países como el nuestro, dependiente de sus exportaciones de petróleo.
Aunque en gran parte del mundo “lo peor ha pasado” —su impacto en la salud, diferente de los efectos económicos—, en América Latina parece recién llegar. Las consecuencias de la pandemia se comienzan a establecer. El Estado debe garantizar las condiciones para recuperar ingresos, inversión, empleos y promover confianza y bienestar. En Colombia, luego de la reacción inicial, debemos ahora avanzar en esa dirección. Vamos a necesitar un horizonte mucho más confiable para la inversión y más recursos.
Todo indica que sobreviviremos en 2020 al coronavirus, la nueva guerra fría y las elecciones en Estados Unidos. También sobrevivirá la democracia, a pesar de visiones pesimistas que han pronosticado algo como “el fin de los tiempos”. Las condiciones en que lo haremos y el tiempo que tardaremos, sin embargo, dependerán de las capacidades ciudadanas para adaptarse y protegerse, un enorme cambio cultural, y de la capacidad de acción de los gobiernos garantizando las condiciones para que logremos hacerlo.
La Unión Europea, antes que nadie, aprendió las lecciones de la crisis de 2008 y ha diseñado desde ahora propuestas para comenzar a edificar. En un momento en que su propia supervivencia se ha encontrado cuestionada, ha reaccionado como un súper-Estado y se dispone a crear un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros, de los cuales dos terceras partes serán, en la práctica, donaciones para los países más necesitados de apoyo, y el tercio restante está destinado a préstamos con tasas cercanas a cero. También, fondos de rescate y gasto en salud hasta por otros 350.000 millones.
Los niveles de endeudamiento de los países de bajo y mediano desarrollo, para atender la situación y lo que falta, hacen pensar que llegaremos a unos topes sin precedentes antes los cuales el Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito, en algún momento, deberán construir una nueva ortodoxia, como lo han hecho la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Se encuentra en juego la sostenibilidad del sistema financiero y la economía mundial. Si ello ocurre, pueden cambiar todos los parámetros vigentes. Podremos “respirar”.
En Colombia el Estado ha reaccionado: un liderazgo anticipatorio, con evidentes resultados hasta el momento, se ha complementado con subsidios, créditos, apalancamientos, pago de nóminas, etc., hasta comprometer una suma cercana a los $117 billones, que no significan necesariamente inversión o gasto público, aunque ya debimos endeudarnos y modificar los topes de la regla fiscal. El manejo de recursos ha sido, ante la magnitud del problema, casi ortodoxo y hasta exageradamente responsable, pero desde ya se revela insuficiente.
Conseguir unos niveles de crecimiento razonables pasa por garantizar el funcionamiento en el tiempo de la actividad empresarial y también de los trabajadores informales que, sumados, pueden ser 13,5 millones de personas. Con un escenario así, el jalonamiento de la demanda no puede venir más que de la inversión y el gasto público, integrado con políticas y objetivos que en el largo plazo otorguen garantías y confianza.
En nuestro caso, dada la dependencia del petróleo, mucho va a depender de la evolución de la situación mundial, pero en el entre tanto tenemos tareas por hacer: debemos pasar rápidamente, en el diseño de políticas, de una actitud reactiva en que nos encontramos a una propositiva que nos permita restablecer un clima de optimismo. Aunque el Gobierno ha dado pasos en esa dirección con el programa de 200.000 subsidios a viviendas, es hora de proponer un programa ambicioso y muy superior de construcción; un millonario plan de infraestructura; uno de promoción, inversión agrícola y garantía de compra de cosechas; uno mucho más amplio de conectividad, y una estrategia de largo plazo para el sector servicios y el turismo.
La reactivación, que se desarrolla simultáneamente con la contención del virus, debe trascender el momento de las ayudas, trazando una ruta mucho más ambiciosa. El Gobierno tiene la palabra y la responsabilidad.
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