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El gobierno, cumpliendo una promesa de campaña, ha propuesto una reforma tributaria para resolver problemas fiscales y aliviar la carga de las empresas con la intención de fomentar inversión y empleo; el resto de la sociedad, y no solo sectores de ingresos medios, la asumiría. Gobierno y congreso deben brindar garantías para que la corrupción, “ponga su parte”.
Es populismo pretender que el Estado cumpla sus funciones sin que la sociedad destine recursos para ello. ¿Programas para reducir la pobreza y los desequilibrios sociales, en salud y educación? ¿Cumplir los compromisos del gobierno anterior en los acuerdos de paz, etc.? Se necesitan recursos. Prometer ríos de “leche y miel” sin tenerlos es un camino seguro hacia el colapso, creando la falsa ilusión de que el Estado puede reemplazar el trabajo de sus asociados o subsidiarlos para siempre.
Pero tampoco puede darse por cierto que un Estado ineficiente mejore su desempeño, exclusivamente, aumentando o reduciendo impuestos. Una reducción significativa en la tasa de impuesto a la renta podría mejorar el clima de inversión al buscar igualarlas con estándares internacionales. Sabemos, sin embargo, que no es el único factor a considerar. La competitividad del país no depende únicamente de ello. La seguridad jurídica, por ejemplo, es otro factor de gran peso, así como la productividad comparada.
Con más realismo que buenos deseos debemos reconocer que una leve reducción en el impuesto de renta tampoco allana el camino de la competitividad en sectores como el manufacturero en el que países como China o India nos llevan años luz. Tiene más sentido, aunque por estos días con ello se hagan bromas, el fomento de la economía naranja en que tenemos fortalezas culturales y como consecuencia de la revolución digital, al igual que muchos países arrancamos desde “cero”. Retornar al pasado, o añorarlo, no es una opción de gobierno.
El aumento de impuestos tiene efectos indeseables como la reducción de la capacidad de compra de la población; es un freno a la demanda y a la dinámica de la economía en el corto plazo. Parece entenderlo el Centro Democrático, al oponerse a la extensión del IVA para la canasta familiar, ahora que actúa como descoordinado partido de gobierno. Los gremios de sectores afectados, que apoyaron a Duque, protestaron con razón. La advertencia, sin embargo, pudo realizarse antes de la presentación de una propuesta que debe entenderse como el inicio de un tira y afloje en el congreso. Se trata de una negociación entre diversos intereses, es decir, política, que apenas comienza.
Hablando de impuestos, vale considerar el efecto que tendrá, también en la demanda, la valorización aprobada en Bogotá y que, en términos prácticos, equivale a otro predial para sectores de ingresos medios. No se puede olvidar el incremento desbordado que para esos mismos sectores tuvo el aumento del predial en el anterior gobierno distrital.
Tanto en la Nación como en Bogotá y en las administraciones regionales, los aumentos de impuestos no han venido acompañados de eficiencia en los servicios del Estado y de resultados contra la corrupción. Se tratan separadamente, como si fueran ámbitos distintos.
¿La tasa de tributación en Colombia es baja? Lo explica, aunque parezca contradictorio, la corrupción desbordada: la gente del común “cree” que no paga impuestos mientras los corruptos hacen lo suyo. Cabe esperar que un efecto positivo de la ampliación del IVA pueda ser la reacción ciudadana, al ocuparse sobre la utilización de los impuestos que paga.
La reforma tributaria pretende 14 billones para equilibrar las finanzas del Estado. El costo de la corrupción, estimado por la Contraloría General de la República hace pocos meses, es de, aproximadamente, 50 billones al año, un 20% del presupuesto. Su IVA, con una tasa del 19%, podría dejar 9 billones. Si los corruptos no dejan de robar y el Estado no puede impedir que lo hagan, que, cuando menos, paguen IVA, dijo, con sentido, una señora en el supermercado.
En un tono más consistente, en lugar de discursos y promesas, la aprobación de nuevos impuestos exige garantías en resultados contra la corrupción y eficiencia en la gestión pública.
¿Las ofrecerá el actual congreso? Debería, pero mientras el populismo utiliza la corrupción como bandera política, nuestros congresistas hundieron el proyecto que buscaba no reducir si no, apenas, estabilizar sus salarios. ¿Ese mismo congreso tendrá autoridad moral para incrementar el IVA a los más pobres o a cualquiera?
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