La Macarena en tiempo real

La autoridad ambiental al expedir la licencia para la exploración, a la que obviamente sobrevendría la explotación, desconoció la importancia de la “señora de los Llanos”, la serranía de la Macarena. La actuación del Estado, como en los páramos, es francamente calamitosa. Se expidió a pesar de existir concepto en contrario de Cormacarena pero este tuvo efectos legales, es decir fue publicado, meses después cuando teníamos unos hechos cumplidos. Es difícil establecer si fue falta de coordinación o una triquiñuela, pero la improvisación estatal, frente a asuntos tan importantes, es una de las conclusiones que podemos ir sacando en este caso.

El gobierno reaccionó como debía suspendiendo una licencia que, ahora, debe ser cancelada aunque, otra vez, los contribuyentes tendremos que pagar por errores de malos funcionarios. La seguridad jurídica debe ser garantizada pero antes, el interés de la Nación revelado gracias al clamor de los pobladores recogidas por el alcalde, la gobernadora del Meta y luego por el Partido Liberal. Las redes sociales convirtieron el asunto en tendencia Nacional.

Lo ocurrido pone de presente dos hechos notorios: la ligereza y falta de fundamentación y estructuración en decisiones que involucran el interés general como consecuencia del juego político, mediante el cual se nombra uno u otro funcionario, de una parte, y la reacción ciudadana utilizando nuevas formas de participación que alertaron y generaron la suspensión de la licencia.

En el primer caso queda al desnudo la fragilidad institucional: ni el presidente ni el ministro pueden conocer al detalle cada acto administrativo de sus subalternos pero deben responder por ellos. En el segundo las lecciones pueden ser positivas: no está mal, como muchos opinadores han afirmado, que el gobierno diera reversa en la expedición de la licencia ante un caso de daño enorme y evidente. El tiempo aquí es un factor decisivo: ¿Cuánto hubiese tardado suspenderla por los cauces habituales con las trampas jurídicas, dilaciones etc. en las que somos expertos de talla mundial?

La suspensión de la licencia se produce por el interés mediático y la reacción que se constató en las redes. Pero esta forma de expresión ciudadana no está reconocida por una legislación que, ante los desarrollos tecnológicos, es obsoleta. Está caduca y no se corresponde con el mundo real.

Hoy por hoy no está reglado realizar una consulta pública vía internet, concediendo oportunamente piso jurídico al interés general, aunque ya tengamos los instrumentos: la identificación biométrica que ha desarrollado la Registraduría puede hacerlo realidad con un pequeño y económico esfuerzo. La participación no es un criterio abstracto de la Constitución ni las reformas políticas son patrimonio de “sabios” expertos en “principios” que dejan de lado la tecnología disponible. En pleno siglo 21, en la época de la revolución digital, hacemos Justicia, gestión y democracia con instrumentos de los siglos 18 y 19.

Veamos otro ejemplo más urbano: ¿Puede un mandatario, como en Bogotá el alcalde Peñalosa, quien fuera elegido con el 30% de los votos, decidir los asuntos de la ciudad por 20 años; variar el tipo de Metro que construiremos etc. aunque el 70% de la gente piense lo contrario?¿No vale la pena hacer operativas, digitalmente, este tipo de consultas?; ¿La licencia debería revocarse cuando la Macarena sea un recuerdo y un desierto?, ¿El interés ciudadano no existe en tiempo real? Como están las cosas la veeduría ciudadana de los asuntos públicos, una forma concreta de participación, funciona, por lo general, solamente cuando ya es extemporánea y los daños están hechos.

@herejesyluis