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Los votos de la región Caribe y su notable recuperación en Bogotá fueron definitivos en la victoria de Juan Manuel Santos, que resultó menos apretada de lo que se esperaba. Varios factores incidieron en lo sucedido.
El silencio del candidato Zuluaga; la acción del liberalismo, con la participación activa de sus vertientes, y la de diferentes líderes de opinión independientes, además de la manera como las organizaciones políticas que respaldaron al presidente se movilizaron fueron decisivos. Santos triunfó con una coalición del centro hacia la izquierda cuyos resultados más significativos observamos en Bogotá.
El presidente le apostó a un discurso sustentado en los logros de gobierno y en su apuesta para conseguir una paz negociada. Mientras tanto, su competidor centró su estrategia en una campaña negativa acerca de la personalidad del presidente y sus relaciones con el expresidente Uribe. “Paz, pero con condiciones”, su propuesta, era en realidad una manera de pasar una cuenta de cobro por la supuesta falta de obediencia del presidente Santos con el expresidente Uribe. ¿Diferencias en propuestas o programas? Bien poco.
El mandato que ha recibido Santos es suficiente para apuntalar su proceso de paz, pero el resultado electoral, a la vez que ratifica un respaldo mayoritario a sus propuestas, deja sobre la mesa un país que debe superar su división.
La continuidad de Santos es un mensaje de estabilidad para la población y la economía, que ya trae una dinámica con el enfoque de políticas públicas de Santos. Además de buscar la paz, debe intervenir en favor de reducir los desequilibrios sociales con políticas de redistribución, como la de construir 400.000 viviendas adicionales.
El presidente no tendrá problemas de gobernabilidad en el Congreso, pero lo ocurrido en la primera vuelta es un claro mensaje acerca de la necesidad de impulsar una gran reforma política que involucre en las decisiones públicas a sectores más amplios de opinión. Por último, el mandato que ha recibido para buscar la paz se convierte ahora en una demanda exigible por parte de la ciudadanía.
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