“Más perforación, menos normas” y listo

Trump ya es candidato republicano y, lamentablemente para los Estados Unidos y el mundo, tiene opciones de ganar la presidencia. Entre las cosas que comienza a ofrecer, luego del muro en la frontera con México pagado por los mexicanos, para seducir a sus nuevos mejores amigos republicanos, está que no piensa cumplir el acuerdo de París, la única herramienta real contra el cambio climático firmada por 165 países; dará vía libre al oleoducto Keystone, resistido en Estados Unidos por sus efectos ambientales nocivos, y ha prometido a los petroleros texanos “más perforación y menos normas”. Para él, el respeto a los acuerdos internacionales; al derecho y al medio ambiente es un asunto secundario frente a su oferta populista de empleos, con la que quiere conseguir el apoyo de los trabajadores norteamericanos. Una evidencia más de la relación mundial entre populismo y destrucción del medio ambiente.

Con frecuencia se invocan empleo e inversión como argumento contundente para justificar el deterioro del ambiente. En Colombia hemos necesitado que se autorizara explorar, por parte de la ANLA, en un símbolo nacional como la serranía de La Macarena, para poner sobre la mesa la discusión acerca de hasta qué punto vamos a permitir la ruina de páramos y fuentes hídricas.

Antes tuvimos la experiencia de Santurban, una de nuestras fábricas de agua, y gracias a ella nos enteramos que diferentes gobiernos han expedido casi 500 licencias mineras en páramos. Ya conocíamos los efectos de la producción de coca en bosques y selvas y cada día tenemos más noticias acerca de los efectos de la minería, legal e ilegal, en los ríos. La semana pasada, por ejemplo, la minería criminal retornó al cauce del rio Sambingo, del que ya habían desaparecido el agua, y la Drummond desvió nuevamente el arroyo San Antonio en el Cesár que, según sus cálculos, recuperará su cauce hasta el 2055, si es que para entonces todavía existen rio, país y planeta, claro.

En medio de estos hechos, que prefiguran un desastre ambiental, la Corte Constitucional reconoció la capacidad de gobiernos regionales y locales para objetar la ejecución de proyectos mineros en sus jurisdicciones, medida que, en teoría, reafirma la descentralización. Vale la pena conocer los alcances del fallo porque una cosa es objetar y otra gestionar, con la experiencia y los recursos disponibles. Para muestra, lo que ocurrió con la licencia de La Macarena, expedida aunque no tenía aprobación de Cormacarena. ¿Si eso ocurre en el nivel nacional, qué nos hace pensar que será distinto en los gobiernos locales, si todo lo demás no cambia?

No es cuestión de nuevas normas; se trata de hacer cumplir la Constitución, que se ocupa de manera extensa sobre el tema ( artículos 67,79,88,95,268,277,289,310,317,331,333,334,361) aunque pareciera que ello depende, por ahora, del nivel de presión ciudadana y sus expresiones mediáticas, más que de los propios instrumentos del Estado. Organizaciones internacionales como Change.org se han especializado en poner en contacto a solicitantes, decisores y medios para solucionar problemas globales, y los ambientales lo son, haciendo un trabajo que debería corresponder a los políticos; a los partidos; al Estado.

Claro que necesitamos inversión, ingresos y nuevos empleos, pero esa necesidad no puede ser superior al costo ambiental y social de conseguirlos.

El interés general; el bienestar común, los derechos colectivos, están por encima del interés particular. El dilema entre agua o “utilidades” no existe en la Constitución. Allí el tema está resuelto. Sin embargo, todos los días, nuestras capacidades para hacer cumplir las normas, son puestas a prueba. ¿Estaremos esperando la versión criolla de Trump?

@herejesyluis