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Las afirmaciones de la ministra Vélez sobre la teoría del decrecimiento, y las del ministro del interior, advirtiendo sobre el llamado a la movilización de sus electores para presionar la aprobación de la reforma tributaria ―luego reversadas― pueden sumarse al desvanecimiento de Colombia en la OEA para condenar a la dictadura en Nicaragua ―aún insuficientemente explicada― y nos pone a preguntarnos si el gobierno no tiene una agenda concreta; si no la comunica adecuadamente o, simplemente, se encuentra a la espera de que le aprueben sus reformas para hacerlo. En todos los casos estimula una polarización que no deseamos.
No es negativo que el país se encuentre ahora enfocado en una discusión teórica o más bien filosófica sobre la teoría del decrecimiento, una crítica profunda sobre los defectos del capitalismo que no se ha ejecutado desde el gobierno en ningún país, ni siquiera en los de capitalismo avanzado ―que padecen menos hambre y necesidades― donde se origina. Pero, ¿será función del gobierno abrir debates teóricos o, más bien, gobernar, planificar, diseñar y ejecutar políticas para mejorar la vida de sus ciudadanos, en las condiciones y con los recursos disponibles y no en las circunstancias que a algunos les parece que deberían existir? Como debate es saludable, pero es completamente surrealista y despistado gobernar un país esperando que el mundo cambie sus costumbres y cultura, como la teoría del decrecimiento supone. ¿Y mientras tanto qué hacemos y de que vivimos? Mientras la ministra aprende, como lo reconoce, el país podría pagar un costo innecesario e inestimable.
¿Se trata de propuestas de gobierno? ¿Qué opinarán los ministros Ocampo y Gaviria, fogueados economistas, sobre los efectos de los anuncios de la ministra en la inversión y en los ingresos del estado, ocasionados por la disminución, promovida desde el gobierno, del consumo, elevada a políticas públicas? Siendo indispensable plantear la sostenibilidad de todas las actividades humanas, ¿cuál es el plan, y el flujo de caja en el tiempo, según el cual reduciendo el consumo y generando incertidumbre, tendremos un escenario en que la economía y la salud fiscal mejoran? ¿Cuándo? Si los empresarios se espantan por inseguridad y excesos tributarios y llevan sus recursos a otros países con mejores condiciones, ¿cuáles son las alternativas que el gobierno tiene estimadas? ¿Con que recursos se van a ejecutar las prometidas reformas sociales? Si esos escenarios no están previstos y definidos coincidiremos en que se trata de una actitud, cuando menos, irresponsable.
Al cumplir ya un mes el gobierno Petro, Colombia vive un periodo de moderado optimismo. Así lo registra la reciente encuesta de Invamer. Inevitablemente forzado a tomar decisiones comienza a compararse su discurso de campaña con los hechos y políticas factibles. No fue elegido para quejarse. Los candidatos no tienen límites, distintos a su imaginación, mientras el desempeño del gobierno tiene efectos tangibles; reglas, contrapesos y está sometido permanentemente al escrutinio público. Las reformas propuestas no logran todavía consensos mínimos. El gobierno podría esforzarse en conseguirlos en lugar de amenazar con imponer sus inacabadas propuestas.
La advertencia realizada por el ministro del interior, según la cual para aprobarlas podrían recurrir a la “movilización popular” como herramienta de presión, pese a sus posteriores aclaraciones dejó ver un clima de tensión y confirmaron un estilo. También la innecesaria advertencia de movilización esbozada por el senador Cepeda. No se trata del ministro ni de unas declaraciones fuera de contexto. El que “entendió, entendió”. Seguramente el nivel de favorabilidad del presidente en la reciente encuesta de Invamer los anima, pero en su actual posición, ¿le conviene al mismo gobierno?
Petro arranca con un nivel de aprobación del 56%, 5 puntos por encima de los resultados electorales. El clima de opinión puede calificarse como de optimismo moderado. La percepción de que las cosas están mejorando son mayoritarias en la encuesta sobre las que están empeorando y lo mismo ocurre, salvo por Barranquilla, en las principales ciudades. Incluso, ante las expectativas de paz, la favorabilidad del ELN, en un hecho inédito y poco registrado, se duplicó al pasar de 4% a 8%. Estando, todavía, en luna de miel, ¿por qué algunos ministros se esmeran en terminarla?
La imagen de Petro acusa, más que otros presidentes, las consecuencias de una polarización que, paradójicamente, lo llevó al gobierno. La primera medición de Uribe en su primer gobierno comenzó con una aprobación del 72% y la de su segundo gobierno con una del 75%, similar a la primera de Santos, con un 74%. Todas muy por encima de la de Petro, quien no empieza con tanto capital político como para comenzar a derrocharlo tan temprano. Conocemos los efectos de esa polarización. ¿Le conviene seguir promoviéndola, ejerciendo una presidencia desafiante, animando la confrontación en lugar de propiciar la unidad? ¿Será que los miembros de su equipo de gobierno consideran que, en apenas un mes, está agotado el debate, renunciando, en la práctica, a la posibilidad de lograr consensos?
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