Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Las denuncias de un alto funcionario del distrito no se pueden tapar con disculpas de persecución ideológica.
Cada vez que se pone en evidencia su mala gestión, el alcalde ha respondido con evasivas que dejan entrever un supuesto interés en perjudicarlo. Distrae la atención lanzando globos o, simplemente, guarda silencio, como hace cuando la Veeduría, una entidad que depende de él, le hace corte de cuentas y los números confirman su fracaso y pobrísima capacidad de ejecución. Nuevamente, no fueron detractores sino sus colaboradores quienes le han puesto en la picota, al punto de denunciar públicamente y ante la fiscalía, hechos que le comprometen seriamente.
Se trata de un convenio entre una entidad de la alcaldía, como lo es el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, y la ETB. Su director, hasta la semana pasada, era hombre de su entera confianza, al punto que había sido nombrado en la junta directiva de la misma ETB y gerente financiero del acueducto. Pues el doctor Arbeláez, a quien llama familiarmente por teléfono, dice, ni más ni menos, que el propio alcalde le quiso obligar a firmar un convenio en que Bogotá pierde millonarios recursos, “hasta 200.000 millones de sobrecostos”.
Ante eso le renunció.
Esto es parte de lo que, hasta ahora, ha dicho:
“¿Cómo les iba a girar sin saber qué estoy pagando? Ahí el alcalde me dijo que tranquilo, que la ETB era pública. Le precisé que era mixta y que parte iba a parar a cuentas de privados. Petro desestimó mi argumento y me ordenó reunirme con la ETB y consignarle”.
“El informe de la Secretaría General, que examinaba tanto el convenio original firmado en 2005 con la ETB como el del año pasado, prácticamente señalaba que eran tantas las irregularidades que, como me dijo un amigo, sólo faltó un crimen de sangre. Decía que en ambos convenios se habían violado una serie de principios rectores de la administración y de la contratación pública. Como la selección objetiva, planeación, transparencia y economía, entre otros. No tengo una hipótesis. Yo simplemente estaba preguntando por algo elemental: qué me iban a vender y a cómo.” “¿Tiene sentido hacer un convenio con la ETB para subcontratar la plataforma nueva, en vez de una licitación para elegir el contratista?”
Lo verdaderamente crucial es que si el fondo de vigilancia contrata los servicios de cualquiera debe recurrir a una licitación, pero si lo hace la ETB, un ente que se rige por las normas del derecho privado y es “autónomo”, se saltan los controles, entre ellos los procesos licitatorios. Es en ese contexto que debe analizarse un asunto que se complica si se tiene en cuenta que el gerente de la ETB también es “ficha” del alcalde.
Por eso quisiéramos plantearle estas preguntas puntuales:
1) ¿Este también es un caso de persecución ideológica o política?
2) Considera que llegar a una situación lamentable, con la amenaza de dejar a la ciudad sin el 123, es responsabilidad de sus detractores; una confabulación o, más bien, un caso flagrante de ineptitud y corrupción?
3) ¿Por qué es mejor que la ETB contrate este servicio indirectamente en lugar de una licitación?
4) ¿Por qué la ETB ha, prácticamente, centralizado las compras de publicidad del distrito mediante convenios similares evadiendo las respectivas licitaciones?
5) ¿La modernización del 123 debe, también, evadir licitaciones y hacerse a dedo por un tercero después de un convenio ?
6) ¿Quiénes vemos estas irregularidades debemos callarnos para no ser catalogados como sus persecutores?
A usted no hay que “caerle”, alcalde, como dicen los contratistas del distrito o de la ETB que habitualmente le defienden y promueven. Sus hechos pueden más que sus discursos. Como en el caso de las basuras, se cae solo. A la mano este ejemplo tan claro.
@herejesyluis