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Una postura coherente es más compleja que decir “No sirve para nada”, como hace la oposición a ultranza, o guardar silencio, como la infaltable lambonería interesada. Más que “concesiones” para cumplir los acuerdos, resulta innecesario, inútil y costoso aumentar curules en la cámara y una nueva Corte.
Luego del informe de la Misión Electoral se empezará a debatir en el congreso una nueva reforma a las reglas del juego de la política. Pese a que en los últimos años hemos tenido tantas como inútiles, la que está en curso llama la atención por dos razones: es un sub producto de los acuerdos con las FARC, y por la participación, al menos en su enunciado, de académicos expertos y una representación calificada de la sociedad civil, como es la MOE.
Una cosa es una reforma electoral y otra una reforma política. En el primer caso se trata de definir unas reglas del juego; unos mecanismos para resolver problemas de corto plazo y calado, mientras en el segundo, las modificaciones tienen un alcance más profundo. Puede ser que para cumplir los acuerdos se necesite una reforma exprés, pero objetivos de mayor alcance deberían estar antecedidos de una más amplia discusión y un mejor consenso que garantice su éxito y permanencia en el tiempo. ¿Fast Track? Aquí, aparece un problema de política real: el tiempo se le acaba al gobierno y el consenso no fue, lamentablemente, posible.
Teniendo en cuenta que el gobierno mantendrá mayorías para su trámite, vale considerar los argumentos: Las listas cerradas son una necesidad pero su implementación tiene como pre requisito el fortalecimiento, financiero e institucional, de los partidos. Y lo que es más importante: de su credibilidad. Eso no pasa de la noche a la mañana.
El aumento en el número de curules no garantiza un mejor funcionamiento del sistema ni, necesariamente, mayor participación. Si se trata de garantizar la expresión de comunidades, hasta ahora, marginadas en política, el escenario más adecuado son las mismas regiones; alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos, expresiones naturales de la democracia local. A la proyectada reforma parece resultarle indiferente el desastre en que se ha convertido la política y el ejercicio del gobierno en las regiones.
Con frecuencia hemos afirmado que el sistema adolece de escasa participación electoral que se ha ubicado, históricamente, entre un 40% y un 60%.Democracias “avanzadas”, que tampoco tienen voto obligatorio, muestran cifras similares. ¿Cambiará esto con la incorporación de las FARC a la política electoral y las modificaciones propuestas? No existe ningún indicio que permita afirmarlo. Recibimos apuestas.
Las próximas elecciones revelarán que la participación no va a aumentar porque es un problema cultural, y “descubriremos” que la inserción de sectores marginados tiene que ver con otras formas de participación. Desde ese punto de vista una reforma debería referirse a ejecución de presupuestos y financiación ilegal de la política (Verdad, justicia y reparación, también); organización territorial y una descentralización fracasada, en lugar de costosas, curules en el congreso, aunque resulte más complejo.
¿Una nueva Corte? Con seguridad se politizará mucho más la rama judicial. ¿Un consejo electoral con delegaciones territoriales? No es difícil anticipar ineficacia, politiquería y pelotera por la burocracia.
Finalmente es increíble que hablemos de reformas sin comenzar por la actualización tecnológica. Es urgente poner al día la legislación electoral. Están frescos la influencia de mentiras en las redes que definen elecciones y el abuso, por falta de una reglamentación concertada, con las encuestas. ¿Se pueden pasar por alto, en una reforma, como si nada?
¿Se recuperará, con la reforma, la credibilidad en las instituciones y la política? No se ve por dónde ni de qué manera. En lo proyectado existen avances importantes como las listas cerradas y una segunda vuelta en las grandes capitales, pero el Congreso tendrá mucho para corregir. ¿Le alcanzarán el tiempo y las ganas?