¿Sitio al Estado?

Recordemos que hace apenas pocos años una situación similar se presentó en Medellín, cuando el transporte se paralizó durante varios días. Ahora una gran región, incluyendo la ciudad de Santa Marta, debió cerrar sus comercios dejando a la población turística, literalmente, sin donde comer o transportarse. La pregunta no es si las autoridades responderán, cosa que ya hicieron con suficiencia, si no donde ocurrirán hechos así la próxima vez.

El panorama es preocupante: bandas ricas y poderosas encuentran un terreno abonado en extensas regiones en que las fuentes de empleo y la presencia y autoridad del Estado son escasas. En países como México y Brasil han logrado penetrar y “organizar” sectores urbanos como la llamada Ciudad de Dios, en la cual el esquema se replica en espiral hasta convertir grupos de niños en un verdadero azote, no solo para sus vidas sino para las de los demás. En Colombia, es cada vez más grave lo que ocurre en las comunas de Medellín, los barrios de Cali o en sectores de Ciudad Bolívar en Bogotá.

La Constitución del 86 en su artículo 121 facultaba a los gobiernos para tomar medidas de excepción al amparo de la declaratoria de estado de sitio, la cual se fue desvirtuando al convertirse en un instrumento de castigo político. Nuestra carta actual, si el esquema funcionara en su complejidad, contiene instrumentos suficientes para atender situaciones como las que se han planteado, pero desde la muerte de Pablo Escobar y el encarcelamiento de los Rodríguez lo que hemos observado es una sucesión interminable de cabecillas muertos o presos, mientras el problema persiste, como en una carrera de relevos, quedando establecido que no se trata de un asunto solo de Policía y que, después de tres décadas, no puede calificarse como excepcional.

Está claro que la principal variable a considerar no depende de nosotros en cuanto la demanda de narcóticos escapa a la capacidad de incidencia y control del Estado Colombiano. Mientras este asunto se resuelve de manera global, como lo han planteado entre otros el propio Presidente Santos y los ex Presidentes Gaviria y Samper, nuestra gente y el sistema político se deben proteger buscando la manera de que el sistema de Leyes y Derechos que tenemos actúe de manera eficiente.

Para empezar, es francamente ridícula una discusión acerca de si necesitamos más o menos autoridad o más o menos Leyes, portar armas o no hacerlo, por las mismas razones que no corresponde tomar cursos de natación en la mitad de un naufragio. Lo más expedito es que el sistema trabaje permitiendo que el gobierno y las autoridades puedan hacer lo suyo, teniendo como prerrequisito que la Justicia funcione en el país real y no solo en el que anhelamos tener.

Precisamente allí, encontramos unas cifras sobrecogedoras: solo el 7% de los homicidios reciben una condena y existen casi dos y medio millones de procesos sin resolver. Todo esto ocurre en una Colombia en que los gastos del sector judicial se duplicaron en los últimos años y hoy son tres veces mayores, como porcentaje del PIB, a los de Canadá y Estados Unidos y dos y media veces los de México.

Parece una inocentada extemporánea, pero ¿alguien duda que necesitemos una reforma que haga cumplida y eficiente la Justicia? ¿Será que a los promotores del paro armado no les han prohibido el uso de armas como lo sugirió nuestro sofista alcalde Petro? Por descontado que, como reza el proverbio popular, el culpable no es el ciego sino quien le da el garrote, pero es que el problema del narcotráfico y sus efectos en nuestro país, no son propiamente una piñata.