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El proyecto de modernización del sector TIC, presentado por el Gobierno al Congreso, responde a la necesidad de actualizar las herramientas de gestión del Estado, a su reorganización. Trata de facilitar las condiciones para promover la inversión privada, cerrando así la brecha digital, pero se extrañan en él necesarias articulaciones con la educación virtual y el uso de datos públicos, así como con la innovación, participación ciudadana y emprendimiento, fundamentos de una estrategia exitosa de gobierno abierto.
El ajuste administrativo, mediante el cual se crea la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, permitirá, sin duda, un mejor uso de recursos que hoy existen. Lo mismo puede decirse del Comité de Articulación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el que, sin embargo, podrían incluirse, con voz y sin voto, el Ministerio de Educación, el del Interior, Planeación Nacional, la organización electoral y organizaciones profesionales y ciudadanas. Se trata de “articular” y en ese ámbito casi todo se encuentra por hacer.
En cuanto a facilitar las condiciones para promover la inversión privada, debemos recordar que el avance en infraestructura en el sector; el mejoramiento del servicio de televisión, incluida su calidad y cobertura; la revolución en la telefonía en los últimos 20 años; la autopista subutilizada, por ejemplo en el sector educativo, de banda ancha, con 6,5 millones de accesos de internet fijo y 24 millones de internet móvil, han sido posibles gracias a la apertura que permitió la vinculación exitosa de los sectores público y privado que, en su espíritu, el proyecto intenta ahora relanzar. Sus alcances dependerán de un profundo debate en el Congreso que debe contar con las recomendaciones de la OCDE y, otra vez, la participación de otras áreas del mismo Gobierno, gremios, academia y agremiaciones profesionales.
El proyecto fundamenta la necesidad de la inversión privada en el propósito de reducir la brecha digital y promover crecimiento e igualdad. Los estudios sobre la relación crecimiento y productividad-TIC, incluido el impacto de banda ancha y PIB, son concluyentes, aunque no se explore ni sustente la necesidad de utilizar la infraestructura digital en la promoción de un nuevo modelo de creación de valor: es tan importante construir vías 4G para conseguir competitividad como avanzar en la autopista de la información que nos permitirá competir con nuevas perspectivas de industria, como lo ha vislumbrado el presidente Duque.
Sin embargo, inexplicablemente, hace escasa referencia al desarrollo de la educación virtual, fundamental en la innovación, y que podría solucionar, en buena parte, los problemas de cobertura en educación superior, a muy bajo costo. La utilización de redes de radio y televisión, reconocidas en el proyecto, debe integrarse con las inmensas posibilidades de la educación virtual en un nuevo modelo. El país ha “virtualizado”, de hecho, buena parte de la economía y los servicios, entre ellos la banca. ¿Por qué la educación no? Hace falta una apuesta de política pública que reconozca la importancia de la educación virtual. El proyecto se queda corto en esta área.
Lo mismo ocurre con elementos fundamentales hoy, como un esquema propicio para la utilización ciudadana de datos públicos; facilidades para el emprendimiento, la innovación y la integración entre Gobierno, empresarios y ciudadanía, haciendo posible avanzar en la perspectiva de gobierno abierto que permitirá combatir la corrupción y hacer más eficiente la gestión pública. En un proyecto de actualización del sector TIC su tratamiento resulta elemental e indispensable.
El debate apenas comienza.
Posdata: La neutralidad tecnológica, que incluye por supuesto a las redes, apenas esbozada en el artículo 8 del proyecto para modificar el artículo 11 de la Ley 1341, amerita una discusión por separado.
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