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En el último mes algunos sectores de la derecha realizaron un ataque frontal contra la Corte Constitucional, buscando presionarla de forma mezquina para que no se pronunciara de fondo ante una solicitud del presidente de la Cámara relacionada con el estudio de las objeciones a la JEP.
Ataques que fueron graves para la institucionalidad y dejaron claro que si la Corte no obedece sus deseos, será convertida en otro enemigo público como lo es ya la JEP. Por eso mostraron su lado más oscuro amenazando con eliminarla como resultado de una asamblea constituyente. Para ello generaron hashtags infames como #CorteConstitucionalCorrupta, señalaron que estaba desconociendo la división de poderes, dijeron que estaba politizada, hicieron ataques individuales a los magistrados e incluso afirmaron que estaba haciendo un golpe de Estado.
Finalmente, la Corte decidió no pronunciarse en este momento sobre las objeciones presidenciales, lo cual calmó temporalmente las aguas. Sin embargo, también manifestó que una vez haya concluido el trámite de las objeciones, el presidente del Congreso deberá remitir a la Corte el expediente del proyecto de Ley Estatutaria para la revisión de las modificaciones, adiciones o supresiones que se hayan realizado, momento a partir del cual los ataques contra la Corte serán más profundos.
No hace falta tener una bola de cristal para saber lo que va a suceder si el Congreso aprueba las objeciones presentadas por el presidente Duque. Todas están relacionadas con aspectos constitucionales que además fueron directamente analizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018.
Por lo anterior, si el Congreso aprueba las objeciones presidenciales, la Corte Constitucional no solo podría sino que debería pronunciarse sobre ellas. Y si es coherente tendría que declararlas inconstitucionales. Esta situación generaría el choque de trenes más grande que hayamos tenido en nuestra historia reciente, pues el senador Ernesto Macías ha anunciado que si la Corte declara la inconstitucionalidad de esas normas no se acatará su decisión y además se iniciaría un proceso para convertir en realidad la amenaza de convocar a una asamblea nacional constituyente.
Esa constituyente tiene un objetivo claro: darle un golpe de Estado a las Cortes y buscar su reforma estructural, lo cual ya se empieza a ver en otros hashtags como #JusticiaCorrupta. Al final, la JEP es solo una disculpa de ese plan que tiene por objeto disminuir el poder de la Rama Judicial y sobre todo de la Corte Constitucional. Poco dista ese plan de lo que sucedió en Venezuela hace dos años cuando Maduro instauró una Asamblea Constituyente para consolidar su poder absoluto.
En ese plan los radicales saben que tienen un enemigo: la Corte Constitucional. Esa entidad tendría que revisar las leyes y convocatorias de una asamblea nacional constituyente y por ello ya comienzan su estrategia para deslegitimarla.
Durante más de 26 años, la Corte Constitucional ha sido la guardiana de la Constitución, de la democracia y del Estado social de derecho. Además, ha generado avances esenciales en derechos como la salud, la seguridad social, el medio ambiente y el debido proceso. Ha defendido a las personas más vulnerables, creando categorías como la de los sujetos de especial protección y tomando decisiones fundamentales a favor de las mujeres embarazadas, los niños, los desplazados y las personas con una situación de discapacidad. Por ello es esencial que todos los colombianos nos unamos para defender esta institución que constituye uno de los símbolos más importantes de nuestro Estado social de derecho.
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