El papel de la justicia en esta crisis

La producción de medidas para prevenir y mitigar las consecuencias del coronavirus en Colombia es exponencial. Diariamente el presidente y sus ministros están expidiendo decenas de decretos legislativos en todas las áreas. Constantemente se están creando instrumentos para controlar el orden público, mejorar la distribución de alimentos, evitar el acaparamiento y la especulación de productos, ayudar a los más necesitados y mitigar los efectos económicos de la crisis. En este aspecto debe reconocerse que la labor del Gobierno está siendo vital para que Colombia tenga uno de los niveles de expansión del virus más bajos de América Latina.

Sin embargo, no solo el Gobierno Nacional está expidiendo decretos contra el COVID-19. También lo están haciendo profusamente la mayoría de alcaldes y gobernadores del país. Desde instrumentos efectivos como los adoptados por los alcaldes de Bogotá, Medellín o Barranquilla, hasta verdaderas joyas de la creatividad en muchas regiones de Colombia que parecieran sacadas de una crónica de lo insólito. En algunos lugares el nivel de corrupción es tan alto que la emergencia puede ser aprovechada para saquear el erario o para ganar adeptos con el populismo.

Y no debe extrañar que algunos se estén aprovechando de la calamidad pública para hacer su agosto. El peor escándalo de corrupción a nivel internacional se presentó frente a recursos dedicados a paliar el hambre en Irak. El Programa Petróleo por Alimentos se creó en el año 1995 para garantizar que miles de personas tuvieran acceso a comida. Pocos pensaron que al interior de la propia ONU se gestara un cartel de corrupción a través del cual los recursos del programa no terminaban en la nutrición de niños y ancianos de esa región, sino en las arcas de funcionarios y contratistas de las Naciones Unidas.

Es por ello que ahora más que nunca la jurisdicción tiene un papel esencial en la revisión constitucional y legal de la avalancha de ideas que se viene presentando en Colombia para afrontar la pandemia. De un lado, la Corte Constitucional tiene una responsabilidad muy grande con el país de revisar la constitucionalidad de las decenas de decretos que va expidiendo el Gobierno para afrontar la crisis. Sin embargo, la revisión de la Corte se remitirá al cumplimiento de los requisitos técnicos constitucionales para la expedición de los decretos, pues el Gobierno ha enfocado su actuación en la protección de la salud de los colombianos.

Quien tendrá en sus manos la labor más importante en el control de las medidas contra el coronavirus será la jurisdicción contencioso-administrativa en cabeza del Consejo de Estado, pues debe revisar los decretos expedidos por autoridades locales y regionales en todo el país. Mientras la mayoría de medidas del Gobierno Nacional han sido el fruto de profundos estudios, en algunos lugares de Colombia los decretos son fruto de la improvisación o el populismo. Asimismo, la emergencia también puede ser aprovechada para el carnaval de la contratación directa a través de declaraciones de urgencia manifiesta que permitan a algunos alcaldes y gobernadores despilfarrar el erario para sus intereses electorales.

El Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosa han cumplido históricamente la tarea de anular los decretos que han sido el fruto de la corrupción y el abuso del derecho, que continuarán haciendo para preservar el interés público de todos los colombianos. Asimismo, los organismos de control deben estar atentos para sancionar de manera especial la corrupción. En estos momentos debemos poner lupa más que nunca a los recursos públicos.