Una sentencia en fuera de lugar

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La existencia del derecho parece cada vez menos útil. Los procesos se hacen ante los medios, las pruebas se filtran a la prensa. A veces uno se pregunta: ¿para qué hablar “detalles” como la legalidad, la competencia de los jueces o la presunción de inocencia?

El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que impuso una multimillonaria sanción por hechos relacionados con la Ruta del Sol, nos demuestra el valor de estos “detalles” en un Estado de derecho. En su extraña sentencia, el Tribunal terminó imponiendo sanciones totalmente fuera de lugar, a través de un instrumento que solamente puede ordenar medidas preventivas como es la Acción Popular (no creado para juzgar delitos, sino para proteger derechos colectivos como el medio ambiente). ¡Parece que desde que un juez le concedió la libertad a un oso mediante un habeas corpus, la creatividad judicial anda disparada!

La falta de competencia de un juez parece un tema meramente formal, pero es muy relevante. Para ilustrar el problema, esto es como si en un juicio para exigir el pago de salarios se termina quitando la custodia de un niño a su madre; o si en un proceso en el que se le reclama el pago de un arriendo se termina metiendo en la cárcel al portero. Suena fuerte, pero es así, las reglas sobre la competencia de los jueces son lo que desde el siglo XVIII distingue a las democracias de los Estados totalitarios.

Al final, el Tribunal le termina usurpando ilegalmente el trabajo a las demás entidades que tramitan procesos relacionados, pues decide sobre la vulneración de la libre competencia (que investiga la Superintendencia de Industria), la responsabilidad por soborno de una persona (cuyo juicio penal ni siquiera ha comenzado), el cumplimiento de un contrato (que actualmente se discute en un tribunal de arbitramento), las condenas de responsabilidad fiscal (haciéndole el trabajo a la Contraloría) e incluso, y por si acaso termina haciendo lo imposible, suspende un contrato ya terminado. Es decir, el todo en uno de la justicia pasando por encima de todas las reglas de la competencia.

Es como si un árbitro permitiera que se hiciera un gol en fuera de lugar. Al comienzo gran parte de la hinchada lo celebraría, como sucedió con esta sentencia, que fue aplaudida por muchas personas que ni siquiera la leyeron, pero al final, si no se cumplen las reglas, los mejores equipos no querrán volver a participar. Cada vez menos las empresas y personas más calificadas quieren arriesgarse a tener contactos con el Estado, pues no hay reglas claras, sino que todo lo público va al vaivén de un populismo alimentado por el odio que ciertos sectores han venido sembrando en contra de los empresarios.

Si seguimos en esta crisis de seguridad jurídica, aumentada por el afán mediático de jueces obsesionados porque sus decisiones llenen carátulas de prensa, nadie querrá invertir en el país.

Estos jueces quieren figurar y cambiar las reglas del partido en detrimento de la democracia, dándole una muerte de tercera al sueño de convertirnos en un país competitivo, próspero y con una economía estable y una infraestructura dispuesta a la apertura y el crecimiento social.

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