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Según cifras del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el año 2015, más de 1,6 millones de venezolanos han abandonado su país. Sin embargo, muchos más han huido y por ello se calcula que la cifra llega a los tres millones de personas, lo cual supera las estadísticas de Ruanda, Bosnia, Somalia, Afganistán, Sudán y el Congo.
Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional ha sido indolente. Mientras en la mayoría de esos países la violación de derechos humanos está siendo enjuiciada en tribunales internacionales (lo cual ha abierto camino para un apoyo humanitario masivo), muchos asumen la situación venezolana como una crisis económica. Por ello, no toman en serio ni a las víctimas venezolanas ni a los países que los estamos acogiendo.
En los últimos años, la reacción más importante de la comunidad internacional frente al desplazamiento se presentó con Siria. En 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU les exigió destruir sus armas químicas, en 2014 permitió a las organizaciones humanitarias ampliar el suministro de alimentos y medicamentos y, en 2015, pidió que se identifique y se castigue a los responsables de ataques contra la población civil.
En Europa hay fuertes debates sobre la necesidad de dar apoyo a los refugiados sirios; Alemania, la cuarta economía mundial, dio un cupo de 800.000 Sirios en 2015, los latinoamericanos seguimos actuando de manera aislada frente al mundo.
Colombia, con un PIB 15 veces menor que los alemanes, ha recibido más de un millón de venezolanos, sin que la comunidad internacional se inmute. Tenemos la obligación de denunciar la situación. Cuando los delitos de Estado se toman en serio, los realmente beneficiados son las víctimas, generando que las declaraciones cínicas del gobierno venezolano, afirmando que no existe éxodo masivo, sean rechazadas de forma contundente.
La crisis en Venezuela hace mucho tiempo dejó de ser solo política y económica. La Corte Penal Internacional anunció la apertura de un examen preliminar. No obstante, para darle un verdadero impulso a estas investigaciones es fundamental que un Estado parte del Tratado de Roma (como Colombia) apoye a la fiscal Bensouda llevando formalmente la situación a la CPI. Esa entidad tiene competencia para actuar cuando existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población civil. La encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales y la tortura están contemplados como delitos internacionales. En Colombia hay más de 1’000.000 de víctimas de ese desplazamiento, no podemos seguir viendo estáticamente la tragedia de millones de personas que dejaron un país fantasma.
Por estas razones, es fundamental que el Grupo de Lima siga visibilizando que ya no existe orden democrático en Venezuela, pero de igual forma se tiene que rechazar la intervención armada; la violencia perjudicaría a nuestro país, que pagaría con muertos dicha aventura que solo favorecería a mandatarios populistas de ambos lados del espectro ideológico.
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