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Si el conflicto no se desescala muy pronto, posiblemente la ciudadanía en lugar de apoyo exprese un rechazo irreparable al proceso en las elecciones territoriales del 25 de octubre.
Demasiado han hecho las partes para desacreditarlo. Lenguaje ultrajante, muertes, mutilaciones, confinamiento, desplazamiento, contaminación, privación de servicios, infundir miedo, son los impactos que los últimos hechos bélicos han producido en la población inerme, profundizando la brecha entre lo que ocurre en La Habana y lo que pasa en el país.
Solo daño, ninguna ganancia, porque la acción armada, como están las cosas, ya no da ninguna ventaja militar ni política, no modifica las condiciones de la negociación en la mesa. Las cartas están echadas. Paz o catástrofe para todos.
El pasado 26 el Presidente expresó en Cali: “Si hay gestos para desescalar, pues el Gobierno estará dispuesto a ver cómo responde”, y los insurgentes, después de 5 treguas unilaterales, insisten en la necesidad del cese bilateral. Presidente e insurgentes apelan a las palabras del Papa Francisco en su Encíclica “Alabado Sea” que relanza enérgicamente los derechos de la naturaleza. Cada uno quiere hacer propio este mensaje de alerta y de aliento.
Las partes parecen haber entendido, por fin, que las cosas no pueden continuar como van. Sin embargo el gobierno calcula que el riesgo de perder lo ganado obligará a los insurgentes a acelerar el paso y éstos, a su vez, calculan que si muestran capacidad de daño y prolongan las conversaciones quizá ganen algo más, habida cuenta que el gobierno tampoco puede sacrificar este proceso el más avanzado en la larga historia de conflicto y paz.
Ambos calculan mal. Lo que cada uno supone del otro lleva a los dos a mostrar dureza real y solo sensibilidad retórica frente al sufrimiento de miles y aun millones de personas. Si se mantienen en esas posturas la sociedad los castigará a los dos y, con ello, paradójicamente, se estaría castigando a sí misma. Eso no puede ocurrir.
Por ello este es el momento justo para presionar al máximo el cese bilateral de fuegos y hostilidades; si no se obtuviere, ello habrá servido al desescalamiento efectivo y la aproximación del fin.
El conflicto lo percibe la gente del común como tragedia y, en consecuencia, se lo quiere quitar de encima como sea. Los guerrilleros se han vuelto indeseables no por la propaganda negra del establecimiento, que existe, sino por sus propios hechos. Del Estado se puede decir lo propio. Hasta el punto de llegar a lo que pasó en El Mango (Argelia, Cauca): que la población saca a la policía y destruye el cuartel ubicado en el centro del poblado porque “ellos atraen los ataques de la guerrilla”.
Donde está acordado iniciar el desminado se requiere algo muy parecido al cese bilateral de fuego porque, si no, es inviable la operación de desactivar los mortíferos artefactos. Esta acción, prevista en Antioquia y Meta, que el país espera como prueba de que algo es posible, debería ampliarse a un acuerdo especial humanitario que recoja innumerables propuestas que se han venido haciendo sobre niños, mujeres, lugares, bienes, tipo de armas, etc.
Los diálogos no pueden naufragar en medio de la intensificación del conflicto, necesitan acreditarse y volverse atractivos por el desescalamiento que es alivio real para los más sufridos, como ha ocurrido con los ceses unilaterales de FARC y ELN y la suspensión de bombardeos por parte del gobierno. Hay que volver pronto a ese afortunado momento. Ardua la tarea de Luis Carlos Villegas, nuevo ministro de defensa, quien llega para devolverle credibilidad y futuro al proceso.
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