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La Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular experimenta creciente indignación por el incumplimiento del gobierno con acuerdos parciales de años anteriores y con la ruta convenida para llegar a nuevos acuerdos.
Este movimiento social, antecedido por el de la Mesa Nacional Estudiantil MANE que derrotó un proyecto lesivo de reforma a la educación, está en situación de alerta por cuanto las negociaciones de su Pliego de Exigencias: Mandatos para el Buen Vivir, por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social están sometidas a una kafkiana dilación.
El pliego es fruto del formidable Paro Nacional Agrario que en sucesivas oleadas ocupó largos meses de 2013. De la movilización fragmentada se pasó a la articulación programática y organizativa. Así nació la Cumbre Agraria en marzo de 2014 constituyéndose en el proceso social popular de mayor relieve y potencialmente de mayor incidencia en varias décadas.
Mediante el Decreto 890 del 8 de mayo de 2014 el Presidente de la República creó la Mesa Única Nacional como escenario de interlocución y participación y la Subcomisión de Derechos Humanos de la misma. Se acordó una agenda y una metodología de trabajo, gobierno y movimiento designaron sus respectivos negociadores.
El balance conjunto de Cumbre Agraria y Dignidad Campesina señala: “Tras dos años de negociaciones… no ha habido acciones concretas que proyecten mejoras en el sector rural en Colombia, por el contrario el Ministerio de Hacienda ha anunciado recorte en gastos de inversión social para el 2016 y actualmente cursan proyectos de ley como las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES, que habilitarían zonas rurales para agronegocios e inversión extranjera, yendo en contravía de las exigencias del sector agrario… y atentando contra el medio ambiente. El principal incumplimiento tiene que ver con uno de los acuerdos que se pactaron entre el gobierno y las organizaciones campesinas, tras el Paro Agrario de 2013 y que tenía que ver con una inyección cercana a $1.000.000.000 para cada una de las regiones que luego fue negada por el gobierno, anunciando que esa era una suma que se repartiría entre todas las regiones”.
El Gobierno del Presidente Santos parece no darse cuenta de que este movimiento articulado de las gentes del campo, las que tienen mayores carencias acumuladas en el país, las que están en la pepa del origen del conflicto armado, constituye con su reconocida dinámica civilista de protesta social, propuesta programática y movilización, no un estorbo sino una oportunidad para los planes gubernamentales.
Se ha repetido en esta columna: las reformas visualizadas como contenido real y concreto de la paz no pueden realizarse con éxito si no cuentan con el piso de una efectiva participación y movilización de los beneficiarios. Si la paz es ampliación de la democracia, la movilización que protagonizan indígenas, afrodescendientes y campesinos es la oportunidad para mostrar y probar que esa ampliación está realmente ocurriendo.
Tiene el gobierno la equivocada idea de que cada acción de los movimientos sociales es otra manipulación de los insurgentes para hacerle presión y crearle ingobernabilidad. No, no es así. Se trata de la recomposición de un tejido social que ve en el marchitamiento del conflicto armado y el consecuente florecimiento de la política la posibilidad de colocar la agenda que puede acercar la solución a crónicos problemas sin depender de los desarrollos que se produzcan en los acuerdos de paz con FARC y ELN.
Se necesita un Ministro de Agricultura que quiera de verdad la transformación del campo, un nombre concertado con el movimiento social. ¿Por qué no?
@luisisandoval
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