Presidenciales: ronda el fraude

Generar alertas tempranas sobre riesgos de alteración de los resultados electorales es una responsabilidad elemental que corresponde ejercer a toda la ciudadanía, a las autoridades de control, a los analistas y formadores de opinión con miras a salvaguardar la legitimidad democrática.   

El cuadro actual es, sin duda, más grave y más preocupante. Se pudo apreciar el 16 de mayo  en el debate de medio día conducido por la periodista Vicky Dávila en la W. Precisamente en este debate radial el punto de referencia lo constituyó el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación presentado por el investigador Ariel Ávila. Este informe que lleva por título “Así se roban las elecciones en Colombia”, coloca como premisa el fallo del Consejo de Estado que restituye curules al Partido Mira por irregularidades comprobadas en las elecciones de 2014:

“…el 8 de febrero de 2018, en sentencia N11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del partido MIRA. Esto porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido MIRA”.

Lo que ya ocurrió puede volver a ocurrir, de hecho ya hay numerosas denuncias sobre las elecciones que acaban de realizarse el 11 de marzo. “Los resultados de la investigación, observa Ávila, plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y el 20% del Congreso de la República”. Si algo igual o de mayor gravedad pasara en las elecciones presidenciales del 27 de mayo y 17 de junio, primera y segunda vuelta, podría el país verse ante una verdadera catástrofe política e institucional.

En el referido programa uno de los intervinientes hizo notar que toda esta situación posiblemente no se habría presentado si hubiera pasado en el Congreso de la República, durante el llamado fast track (trámite rápido), la Reforma Política prevista en los Acuerdos de Paz de La Habana. 

El temor crece ante la constatación de que el recurso a la alteración de las cifras electorales es más frecuente cuando se presentan resultados reñidos. En estas circunstancias alguien mete la mano para dar lugar a la  llamada “operación canguro” que consiste en que al pasar del formulario E-14 al E24 se cambia el 1 en 4 o 7, el 0 en 8 o 9, o se quita la primera cifra de cada sumando de tal manera que lo que era, por ejemplo 104, se convierte en 04. Los cuadros vacíos pueden ser llenados con cifras cuando no son anulados debidamente. El salto de canguro puede ser hacia adelante o hacia atrás, es decir, para ponerle o para quitarle votos a alquien.

Existe también lo que se llama “el carrusel” por el cual la persona entra al puesto de votación con un tarjetón marcado (el que le dan quienes compran el voto) y sale con uno sin marcar (el que le dan en la mesa) el cual le servirá como comprobación del voto depositado y le hace acreedor o acreedora al pago prometido.  

Se observa que este tipo de manipulaciones tiene mayor ocurrencia en las elecciones parlamentarias que en las presidenciales. Pero éstas no están exentas y es lo que ahora se trata de prevenir y evitar.

Porque el riesgo existe el procurador general, Fernando Carrillo,  dirigió el 3 de abril una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Idarys Yolima Carrillo Pérez, y al registrador nacional, Juan Carlos Galindo Vacha, en la que “me permito solicitarle… se realicen los trámites necesarios tendientes a invitar a uno de los organismos internacionales encargados de hacer observación electoral, con el fin de poder contar con una misión de corto plazo, integrada principalmente por expertos en informática o de apoyo técnico”.

La carta del procurador encaminada a “reducir los niveles de fraude”, sugería como uno de los posibles organismos internacionales susceptibles de ser contratados el IFES (International Foundation for Electoral Systems). Ni la presidenta del CNE ni el registrador realizaron a tiempo la gestión sugerida por el Procurador y cuando lo intentaron la respuesta fue negativa por el corto tiempo faltante para los comicios. Esta entidad lleva varios meses haciendo el trabajo de observación en México frente a las elecciones previstas en ese país para el 1° de julio.

Otro recurso de veeduría importante fue la misión que ofrecía la Unión Europea con más de 100 observadores tipo LTO (Long Term Observation: dos meses) y tipo STO (Short Term Observation: dos semanas) y que estando lista para viajar al país fue suspendida abruptamente. Las dos personas de la actual misión de pocos días no tiene la capacidad de veeduría necesaria.

La escogencia de jurados electorales también genera preocupación porque, aparte de los que designan  los partidos o el sector público, los que designan las empresas no parecen tener la transparencia e idoneidad que demanda el compromiso de atender las mesas de votación, realizar el conteo de votos y registrarlo en los formularios. No se comprueba siempre la existencia de las empresas que proponen nombres, son miles las empresas inscritas en Departamento como Antioquia, Cundinamarca y Valle. A este tema se ha referido en términos muy precisos, en relación con el Departamento del Atlántico, el Senador Armando Benedetti.

Finalmente, se especula sobre la circulación de grandes cantidades de dinero en algunas campañas. La revista Semana observó al respecto, edición del 6 de mayo, en Confidenciales, que ante la declaración de un candidato de comprarle tierras a los ingenios azucareros, ello se tomó como una amenaza “y muchos empresarios se metieron la mano al dril para reforzar las campañas de derecha”. Observadores hacen distintos cálculos sobre el monto de recursos destinados, la forma como favorecerían a unas campañas y afectarían a otras y si tales recursos están pasando por las cuentas legales de campaña.

Se tiene el antecedente de la empresa brasilera Odebrecht, contratista de grandes obras en Colombia, que puso recursos de manera irregular en diferentes campañas en 2014 y aún sigue sin concluir la investigación al respecto. Se rumora que al menos parte de los recursos aportados por empresas estarían destinados a socavar bases populares de algunas campañas. Hasta donde se tiene información la Registraduría tampoco habría contratado a tiempo la auditoría técnica de los gastos de campaña de los partidos configurándose así otra falencia que genera preocupación.  

En suma parecería existir una negligencia calculada de la Registraduría para tomar las medidas preventivas necesarias, una subvaloración por parte del gobierno de los riesgos existentes, mientras por parte de algunos existe un notorio afán por posicionar candidaturas a través de encuestas, análisis de tendencias y circulación de dinero.   

Estos, y otros factores señalados por la MOE (Misión de Observación Electoral), la Defensoría del Pueblo, algunos magistrados dentro del propio CNE, y la ciudadanía en ejercicio del control social, deberían ser objeto de máxima atención por parte de todos los actores concernidos de tal manera que se conjuren oportuna y eficazmente prácticas delictuosas y antiéticas, contrarias al limpio ejercicio del voto ciudadano. De ello debería ocuparse la Comisión de Garantías Electorales y, lo más importante, ser objeto de acuciosa vigilancia por parte de los testigos electorales el día de los comicios.

Quizá nunca en el país se había visto una puja tan cerrada entre maquinaria y opinión como la que estamos presenciando en los días finales hacia el 27 de mayo. No se explica cómo se desechan recursos efectivos de control, oportunamente sugeridos, cuando los problemas y riesgos son reales y comprobados como ya se indicó. Las alertas expresadas no son para desestimar.   

lucho_sando@yahoo.es