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Se preocupa la revista británica por la oposición uribista a la paz en Colombia que considera intransigente pero tonta, en el fondo, como cuando el Senador Uribe califica de “congreso terrorista” la cita en La Habana de un numeroso grupo de comandantes guerrilleros.
Ello se entiende, dice The Economist, como la búsqueda de entendimiento interno de los insurgentes para llegar cohesionados a la paz.
“En cuanto a Uribe, dice la revista, no puede admitir que las conversaciones ofrezcan la mejor oportunidad de poner fin a un conflicto que ha agobiado a Colombia con muerte, destrucción y desplazamiento de millones de personas. La ironía es que fue su política de seguridad la que obligó a las FARC a negociar. ¿Cómo se explica su campaña? En Bogotá se atribuye indistintamente a la envidia, la obsesión irracional y la ira de que funcionarios de su gobierno sean acusados de corrupción. Santos presume que ‘tal vez él piensa que su capital político desaparecerá si hay paz’. Como reza un dicho atribuido a Don Quijote: ‘Deja que los perros ladren, Sancho, es señal de que estamos avanzando’”.
La impresión que deja el editorial es que Colombia debe seguir adelante con el proceso a pesar de las posturas intransigentes que se dan al interior y al exterior. Esta posición de la revista es vista por algunos como el apoyo a una paz que va a facilitar el despojo, es decir, que va a favorecer que las multinacionales, las británicas entre ellas, incluida la British Petroleum, puedan instalarse en cualquier sitio del territorio sin la resistencia de los grupos insurgentes. Más claro: las elites bogotanas, bien representadas en el Presidente Santos, estarían buscando con la paz facilitar la inversión extrajera en condiciones leoninas para el país.
The Economist tiene centrado su interés en Colombia sobre todo por la oportunidad que el país ofrece para la inversión en la explotación de recursos naturales no renovables, y cierto es también que el establecimiento colombiano busca la paz como una condición para seguir haciendo pingues negocios. ¿Debe por ello vacilarse en la consecución de la paz política? No en absoluto. El despojo violento con objetivos económicos, apoderarse del suelo o del subsuelo, es lo que explica en gran parte la existencia de más de seis millones de víctimas, de ellas la mayoría desplazados. Décadas de resistencia insurgente no han detenido el despojo. El conflicto armado ha sido funcional a políticas económicas depredadoras de las comunidades y de la naturaleza.
A lo que esto conduce es a plantear que el proceso de paz debe ser en beneficio tanto del país económico como del país político y, sobre todo, del país social. La guerra se ha sostenido porque muchos ganan con ella. La paz será sostenible si es rentable para todos. Por ello tienen plena validez los puntos de agenda planteados por las FARC sobre el tema rural y drogas y lo que posiblemente esté planteando el ELN sobre la explotación de recursos naturales. Pero la fortaleza final para que se cumpla lo que se acuerde con los insurgentes, y se pueda ir más a fondo, depende de la acción que despliegue el movimiento social de paz a fin de constituirse en opción alternativa de poder y de gobierno.
Importante que The Economist se ocupe de mostrar la insensata obstrucción del Senador Uribe, pero no es el único obstáculo, ni el único saboteo, otros muchos existen dentro y fuera del gobierno sobre los cuales es preciso estar alerta y que ya hemos comentado y comentaremos en esta columna.
lucho_sando@yahoo.es / @luisisandoval
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