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En septiembre de 2019 se firmó por los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam el Pacto de Leticia, del cual fue excluida Venezuela por razones políticas. Su objetivo era garantizar la preservación de la zona más biodiversa del mundo, el Amazonas, como se dijo en la III Cumbre de seguimiento realizada hace un año. Se buscaba evaluar los avances logrados en los 16 mandatos de su plan de acción y en ella el presidente Duque afirmó que Colombia estaba cumpliendo las metas acordadas; pero la realidad es otra, pues con las cifras de deforestación del 2022 se superan los máximos históricos.
Como consecuencia de esa farsa ambiental fueron olvidados sus mandatos 11 y 12, los cuales promovían la participación de las mujeres y los pueblos indígenas como cogestores de su implementación, “reconociendo su papel fundamental en la conservación de la región”. Muy secundariamente recordaron a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), burocratizada herramienta institucional que se podría repotenciar con los contenidos del Pacto. La preocupación del Gobierno Duque no era garantizar la condición de sujeto de derechos de los bosques amazónicos declarada por la Sentencia 4360 de 2018 la Corte Suprema de Justicia; el verdadero interés de su mensaje era anunciar con sonrisa codiciosa que el Green Climate Fund preparaba un fondo de US$645 millones, “con los que buscamos bionegocios para el desarrollo bajo en carbono, acceso a capital para proyectos, mitigación y adaptación”, en su más clásico neoliberalismo ambiental.
Con la propuesta del presidente Petro de hacer de la protección y el cuidado del ecosistema sur una causa de la integración latinoamericana, y con las evidencias concretas de que el cambio climático ya se instaló con muchos impactos irreversibles, este es el momento de la implementación ampliada de este y otros pactos similares. Para ello se requiere colocar gran parte del aparato del Estado y de las fuerzas de la sociedad civil en la tarea de cumplir sus objetivos. Comenzando por destinar muchos más recursos para la acción de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático —incluyendo en ella al Mineducación para una formación ambiental desde la primera infancia— y sumando a su funcionamiento a las organizaciones de los pueblos indígenas. Sin olvidar a los campesinos y comunidades afros que allí habitan, a las organizaciones ambientalistas y a los nuevos sujetos ambientales en crecimiento, como son las iniciativas religiosas e interreligiosas para la protección y restauración de los bosques tropicales.
En lo ambiental “todo se relaciona con todo”, por lo que se requiere también un plan de acción articulado nacional y continentalmente para alcanzar los objetivos comunes. Comenzando por dar un nuevo impulso al Convenio de Cartagena de 1983, surgido de la Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio Ambiente Marino de la Región del Gran Caribe (insular y continental), apoyándose en la reciente reunión, en esta ciudad, de organizaciones ambientalistas de 10 países de esa región. Allí se analizaron los impactos de la exploración, explotación y los derrames de hidrocarburos en aguas marinas, que se perfilan como determinantes para avanzar también en la integración grancaribeña.
Se agrega un ejercicio en el olvidado litoral Pacífico que sus comunidades y pueblos ya están realizando como parte del Chocó Biogeográfico (de Panamá hasta Ecuador), la región biodiversa más antigua del planeta convertida en botín para quienes buscan en su banco genético las claves de las biotecnologías. Allí los antes esclavizados se presentan como cuna de nuevas causas libertarias y de relación armónica con la naturaleza. Así se va configurando un todo de lo que se ha llamado la paz con la naturaleza y con quienes la habitamos.
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