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Felizmente pude regresar a El Salvador, ya no para conocer los resultados del acuerdo de paz y de los gobiernos de los excombatientes del partido FMLN, sino para comprender al Gobierno bonapartista de Bukele y lo sucedido con las maras.
Son bonapartistas aquellos gobiernos que anuncian que favorecerán por igual a ricos y pobres, sabiendo que para darles más a unos hay que quitarles a los otros. Se colocan por encima de la lucha de clases y a veces del mismo Estado, aprovechando una paridad de poderes paralizante, en la que ni izquierda ni derecha logran imponerse y ganar el respaldo popular. En estos contextos tienden a surgir mesías salvadores que inevitablemente caerán hacia uno de los lados dependiendo de su formación y de las presiones a las que estén sometidos. Es bueno entenderlo, pues en época de recurrentes gobiernos de signos políticos opuestos se seguirán reiterando los casos con inclinaciones diversas: hacia la izquierda, como el de López Obrador, o a la derecha, como Bolsonaro.
Caminar por las calles de San Salvador antes era prohibido y hoy se puede hacer hasta de noche. Lo que los gobiernos del FMLN no supieron resolver lo hizo Bukele por medio de un ajedrez maquiavélico. Inició ilegales negociaciones con las maras que le permitieron identificar a sus líderes y centros de operación, mientras limpiaba de corruptos la Policía y el Ejército promocionando a exmilitares a los mandos —algunos claramente fascistas—, y luego, rompiendo el pacto encubierto que le había dado muchos votos, decretó el estado de excepción y allanó barrios enteros. Una fuerza pública con cuotas diarias de capturas que cumplir llevó a crecientes detenciones arbitrarias y a una repetición de los falsos positivos vividos en Colombia, con una suma creciente de muertos por torturas y maltratos carcelarios. A esto se agrega el aumento de la migración forzada juvenil hacia EE. UU., donde vive un tercio de su población.
Las maras eran —y uso el pasado— un fenómeno muy particular con raíces en las peores brutalidades de la guerra en El Salvador, nacidas en las calles de Los Ángeles (EE. UU.) de donde retornaron a traves de jóvenes deportados en los 90. Cultivadas por las grandes desigualdades de una economía monopolizada basada en la explotación de sus migrantes, con hijos que vivían de remesas sin poder valorar el esfuerzo sus mayores. Se concentraban en el manejo de los negocios ilegales y, sobre todo, la extorsión a las clases media y baja. Con los ricos muy poco se metían, pues entendían las consecuencias.
A esta realidad se sumó la incapacidad del gobierno de izquierda para abordar el problema desde sus raíces, avanzando en las reformas sociales que se habían anunciado y democratizando la participación de la sociedad. Algo parecido a lo que ya se presentó en Chile frente a las fragilidades del gobierno progresista, que llevaron al regreso de neofascismos diversificados.
Hoy la mayoría de la población y de los grupos económicos apoyan a Bukele, quien vive desconfiando de todos —menos de su familia— pues está rodeado de oportunistas y corruptos políticos que provienen de la derecha. Con el fracaso de una economía basada en los bitcoins y la imposibilidad de parecerse a su idealizado Catar, tiene grandes dificultades financieras que lo ponen a dudar sobre la inconstitucional reelección inmediata. Pero lo más grave es que, sin mareros por capturar, se están dedicando intencionadamente a encarcelar a líderes sociales y populares que puedan cuestionar su autoridad. Esa es la mayor importancia del respeto a los derechos humanos, aun en las acciones punitivas contra los delincuentes y asesinos de las maras, pues su violación continuada se normaliza y termina afectando a quienes democráticamente pretenden cuestionar el modelo económico, político y social. Lo cual explica por qué se renovó el régimen de excepción.
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