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La defensa de las reformas sociales fue la razón del presidente Gustavo Petro para su primer “balconazo” en la Casa de Nariño el 14 de febrero de 2023, seis meses después de comenzar su mandato. En la plaza había agitación, banderas, sindicatos y seguidores que le gritaban: “Petro, amigo, el pueblo está contigo”. El presidente, acompañado por su hija Antonella y su esposa, Verónica Alcocer, sentenció entonces: o las reformas o la revolución. Petro, para entonces, tenía un índice aún alto de popularidad y advertía que lo suyo era la desconfianza con el empeño del Congreso y el establecimiento para hacer real el mandato con el que había llegado al gobierno tras el estallido social.
Llegó un segundo momento para el balcón. El 1 de mayo de 2023, en el Día del Trabajo, en la tradicional convocatoria de sindicatos y trabajadores a la Plaza de Bolívar, apareció el presidente, esta vez acompañado solo por Verónica Alcocer, y allí conminó al Congreso y a los sectores productivos: invito a la oligarquía a un acto de generosidad, es el momento de renunciar a algunos privilegios. El diálogo y el acuerdo nacional eran parte del discurso. Concertar y lograr que las reformas se convirtieran en un propósito común para una vida más justa. Sin embargo, el ambiente no se perfilaba propicio para conseguirlo.
Ahora, dos años después, en marzo de 2025, se vive otro momento. Ya no hay acceso a la sede presidencial, ni hubo balcón ni primera dama. Hubo alocución televisada, rodeado de los partidos de su coalición, para anunciar una consulta popular en la que los colombianos dirían Sí o No a las reformas, dado que, según el presidente, hay un “bloqueo institucional”. Los bastones de mando de la guardia indígena y su himno, a la par que el de Colombia, lanzaron un mensaje de batalla.
¿Cuál fue el detonante o, como dijo el ministro Armando Benedetti, “el papayazo” para hacer este llamado?
De lo que pasó el martes en la Comisión Séptima, hay mucho todavía por saber. Diálogos entre empresarios y gobierno venían sucediendo ante la inminente tensión en la comisión de asuntos laborales, que recibía de la Cámara de Representantes un articulado con modificaciones y trabajo de más de dos años. El gobierno sospecha que, de la mano del ponente Miguel Ángel Pinto, vino alguna acción persuasiva a las senadoras que, para entonces, no habían hablado de firmar por archivar el proyecto. Por su parte, los congresistas dicen que fue una “decisión técnica y no política”, afirmación que cae en el vacío porque ni los empresarios lo consideran así. La otra de las tesis es que el presidente decidió no concertar sino confrontar y lanzarse, ya en este punto del gobierno, a encampañarse. Es decir, que evadió algunos llamados para encontrar salidas y se lanzó a la agitación de masas, que es, más que la de gobernar, su verdadera vocación.
Cualquiera que sea la razón que suscitó el archivo del proyecto, lo cierto es que los trabajadores se quedarán, por ahora, sin la promesa de restaurar muchos de los derechos perdidos, y será una realidad que el presidente no se dedicará a gobernar, sino a conseguir votos.
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