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De la revolución agraria a la vivienda gratis

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El lunes pasado el péndulo de las prioridades del gobierno Santos se movió. Pasó del campo a la ciudad. A tres meses de llegar a la mitad de su gobierno y después de que las encuestas mostraron castigada su favorabilidad entre los estratos 1, 2 y 3, puso en marcha su plan B.

Por eso el nombramiento de Germán Vargas Lleras en el Ministerio de Vivienda, desde donde liderará el ambicioso plan de darles techo a los más pobres de los pobres, ameritaba una alocución presidencial con todas las de la ley, a las 7 de la noche, en horario triple A. No se trataba de un cambio cualquiera en el gabinete. El nombre de Vargas no llegaba solo. Llegó con un megapresupuesto de $4 billones, destinado a construir las 100.000 casas que Santos les va a regalar a los más pobres en los próximos dos años. Una billonaria partida presupuestal que al final de la semana el presidente complementó con otros $1,3 billones para completar los subsidios de vivienda para la población pobre, pero no tan pobre.

Se trata de una típica movida de gana-gana, de las que le gustan a los políticos, cuyo trámite legislativo no tendrá ninguna dificultad. No había pasado un día del anuncio presidencial cuando llovieron las propuestas de los alcaldes, empezando por los de Bogotá y Medellín, ofreciendo tierra urbana para construir miles de viviendas gratis. No habrá un solo parlamentario que se niegue a votar una ley a la que le pueden sacar provecho inmediato para sus seguidores “sisbenizados” en las regiones. La rapiña va a estar buena.

No hay antecedentes en el gobierno de Santos de un programa con un presupuesto tan contundente como este. Contrasta con la bandera del primer tiempo la llamada revolución agraria, que venía amarrada a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y a un impulso al desarrollo rural. Una revolución que careció del soporte presupuestal necesario para dimensionarla y de una presentación capaz de movilizar a la sociedad para convertirla en la gran tarea, como parece va a suceder con la vivienda.

La Ley de Víctimas tiene un innegable significado histórico en su esfuerzo inaplazable por compensar la deuda social con una población rural adolorida, azotada por la guerra. Y Santos así lo entendió. Ejecutarla será un proceso largo, tedioso, conflictivo y costoso —sin que existan los recursos necesarios— para que se convierta en el primer paso de la aplazada transformación rural. Los procesos de devolución de tierras seguirán su curso, en manos prioritariamente de los jueces agrarios, con el agravante de que en la medida en que se entreguen casas gratis a los campesinos desplazados en las ciudades, la posibilidad de que retornen a habitar sus parcelas recuperadas será cada vez menor.

Santos probó una vez más su instinto político y maniobró rápido para recuperar el apoyo de los pobres. Los programas de gobierno valen por lo que pesan presupuestalmente. Los billones para vivienda serán ejecutados en sólo dos años. Los dos años críticos que coinciden con su reelección o con la de su sucesor, que también el lunes pasado quedó signado: Germán Vargas Lleras. La revolución agraria ya no fue, pero se construirán casas hasta en el aire, como en el vallenato de Escalona.

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