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El espectáculo de concejales, altos funcionarios del Distrito, contratistas, todos a una inculpándose, señalándose entre sí por posibles delitos cometidos en el llamado carrusel de la contratación, repugna.
Sí, porque detrás de sus declaraciones no hay una búsqueda de la verdad, un interés por esclarecer los hechos para que la justicia sea certera y justa, como tiene que ser y como lo reclama la sociedad. Lo que domina en las audiencias de formulación de cargos es una burda manipulación de la información por parte de los implicados con el propósito no de colaborar diciendo la verdad, sino de obtener un beneficio personal expresado en la rebaja de la pena.
Existe una relación directa entre la comisión de los delitos producto del aprovechamiento de posiciones de poder y de influencia para su beneficio con comisiones (“mordidas”) y sus declaraciones a los jueces. Sólo quien se sabe culpable, acepta “cantar” y delatar o comprometer a otros para negociar anticipadamente la pena, en una lógica siniestra auspiciada por la Fiscalía: le rebajo cargos si usted “entrega” nombres. Los supuestos colaboradores recurren sin recato al señalamiento, a la calumnia y en algunos casos ven incluso la oportunidad de venganza. En este sórdido caldo de cultivo aparecieron y se han multiplicado los llamados testigos falsos, que se prestan a recitar el libreto que mas convenga y a señalar presuntos responsables o cómplices, contaminando los expedientes de falsos testimonios.
No hay que ser abogado penalista para detectar el sartal de contradicciones, falsedades y verdades a medias que exponen los inculpados, con el único propósito de desorientar y confundir a la justicia y beneficiarse con ello. Si fiscales y jueces fueran más acuciosos en la evaluación de las declaraciones de esos supuestos colaboradores, muchas de ellas se caerían y esos testigos pasarían de acusadores a acusados.
No es lo mismo aplicar el Sistema Acusatorio, basado en la oralidad, en la valoración y credibilidad de los testimonios verbales, en Estados Unidos de donde lo importó Colombia. Allá impera la cultura de la verdad y la mentira es legal, social y culturalmente rechazada y sancionada. En Colombia campea lo contrario, la cultura de la viveza donde es posible mentir sin consecuencias sociales o judiciales; la trampa, el atajo y el disimulo son aceptados como reglas para sobrevivir en una sociedad del sálvese quien pueda.
Las políticas de colaboración con la justicia como está establecida, y la de la delación —pieza fundamental de la política de seguridad democrática— premian el comportamiento truculento de los sapos y estimulan una faceta deplorable de la condición humana: la traición. Personas que han conspirado juntos, que han delinquido juntos, se convierten en enemigos capaces de entregar a sus otrora cómplices o a inocentes a partir de pura mentira o verdades a medias, con el único propósito de desorientar a la justicia en beneficio propio.
Así se ha visto en el caso Colmenares, en del carrusel y ocurrirá con los estafadores de Interbolsa. Queda la amarga sensación de que por este camino no se develarán los hechos delictivos para poder aplicar debidamente el Código Penal. Esta danza de falsos testigos coloca cada vez más lejos a Colombia de poder contar con una justicia confiable y seria como se necesita a gritos.