El (des)educador mayor

La calidad de la educación quedó al garete movida por el solo estímulo del lucro inmediato, iniciativa que derivó en la proliferación de establecimientos de garaje que simplemente entregan diplomas y engañan. Se trataba de estimular y subsidiar la demanda para que cada quien saliera “a mercar”, a la búsqueda de matrículas baratas. La educación superior se convirtió en negocio con una oferta desbordada sin control ni exigencias de calidad. Un negocio donde mandan personajes como César Pérez García, el rector y dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia, uno de los centros docentes más grandes del país con 20 sedes universitarias y oferta para niños y jóvenes en cinco colegios.

Pues resulta que el prontuario del (des)educador mayor del país no puede ser más escabroso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de asumir el proceso para establecer su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1998, cuando un grupo de paramilitares dispararon indiscriminadamente contra la población civil y dejaron 43 muertos y 45 heridos. César Pérez, representante a la Cámara, fue derrotado por la Unión Patriótica en Segovia, una zona dominada tradicionalmente por este cacique liberal y la matanza ocurrió supuestamente como retaliación, porque la gente se separó del Partido Liberal y se la jugó con la UP. El congresista había sido investigado por la Fiscalía como “determinador” en la masacre, pero como nunca fue enjuiciado, el caso habría prescrito. Con esta decisión, la Sala Penal de la Corte aplica nuevamente los tratados sobre crímenes de lesa humanidad a las masacres, con lo cual la prescripción no aplica.

Pero hay más. El (des)educador mayor César Pérez García acaba también de quedar inhabilitado, por 15 años, para ejercer cargos públicos. La Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción que le había sido impuesta por violar el régimen de habilidades al presentarse a la elección, ser elegido y posesionarse como diputado de la Asamblea de Antioquia para el período 2008-2011, a pesar de haber perdido la investidura como congresista el 20 de enero de 1994. Ha sido, además, condenado a nueve años de cárcel por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, por hechos ocurridos cuando ejerció como presidente de la Asamblea en 1998. Por su edad, Pérez García terminará pagando casa por cárcel.

Sin embargo el rector-propietario no se ha dado por enterado de las decisiones judiciales y sigue fungiendo de educador, sin que un Icfes inane le obligue a retirarse. De ganar la fórmula presidencial Mockus-Fajardo, el timonazo que tienen que darles a la calidad y a la pertinencia educativa es mayúsculo. Y ellos lo saben. Ante todo dignificar el vilipendiado rol de maestro, definitivo e irreemplazable en cualquier sociedad, porque con rectores como César Pérez, que están en las aulas y no en la cárcel, estamos perdidos.