El pasado no perdona

La juez argentina María Servini los solicitó en extradición para que respondan en el proceso que se les sigue. Acaban de ser acusados por “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich” y les recuerda que los hechos “son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua”.

Víctimas y familiares presentaron la querella por este y otros crímenes del franquismo en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. Acudieron a la justicia argentina tras el procesamiento de Baltasar Garzón por abrir una investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, con lo cual la justicia española, presionada por intereses políticos, intentó impedir reabrir procesos y señalar responsables por hechos ocurridos en la Guerra Civil y atrocidades de la dictadura. La juez Servini acusó además a 18 funcionarios del franquismo incluidos dos policías Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, “quienes disfrutaban torturando”. La jueza ha actuado en virtud de la jurisdicción universal.

El gallego Darío Rivas fue el primer denunciante que permitió abrir el proceso en Buenos Aires. Emigró a Argentina siendo niño tras el fusilamiento de su padre. Y aunque ya encontró sus restos, a sus 94 años sigue comprometido en que el mundo no se olvide de los más de 100.000 fusilados, como su padre, que aún permanecen en fosas y cunetas en España. Ascensión Mendieta, a sus 88 años, viajó a pedirle a la juez Servini ayudarle a encontrar los restos de su padre Timoteo enterrado en una fosa común en Guadalajara.

Los dos abogados que apoyaron a las víctimas del franquismo en esta querella son los argentinos Ana Mesutti y Carlos Slepoy, quien participó desde España con el juez Baltasar Garzón en la judicialización del dictador Rafael Videla desde España en 1996, acogiendo el mismo principio de la jurisdicción universal.

Un escenario vigente que llama a reflexionar sobre el proceso de paz colombiano y que reafirma la importancia de que las víctimas tengan un papel protagónico, como se ha logrado, en los diálogos en La Habana con las Farc y ojalá pronto con el Eln. En la eventualidad de que se firme la paz se requiere sellarla con un acuerdo de punto final, en el que estén incluidos todos los actores con responsabilidad en el conflicto, incluidos además de guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado, gobernantes y empresarios financiadores. Así logrará el país sanar heridas, así revienten con posterioridad procesos penales individuales. Los españoles quisieron echarle tierra al pasado negro de la Guerra Civil y la dictadura, pero, tal como se está viendo 40 años después, el pasado no perdona.