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EMPIEZAN A ENTENDERSE LAS RAZOnes de la rapiña por las notarías, que adquirió una especial dinámica en el pasado gobierno.
Las notarías se volvieron el premio mayor de la repartija burocrática para mantener las mayorías parlamentarias y garantizar la reelección. La madeja se empieza a desenredar. Cada día se ve más claro que no se trataba de un simple tema de clientelismo inveterado ni de los negocios que giran alrededor de las notarías urbanas. No, éstas jugaban un rol sustantivo en la batalla rural por la tierra, corazón del dramático conflicto colombiano.
La ecuación es tan perversa como simple. Los paramilitares avanzaban en su conquista territorial detrás de los corredores de la droga, despojaban los campesinos a sangre y fuego, sembraban el terror con masacres. Detrás de ellos llegaban los testaferros y más de un político local o del orden nacional a formalizar las nuevas propiedades con escrituras irregulares que registradores y notarios de bolsillo legalizaban. Fue así como tierras localizados en el bajo Atrato, que El Alemán y Vicente Castaño le arrebataron a negros y nativos en Jijuamiandó y Curbaradó, aparecieron registradas por los nuevos dueños, en la lejana Notaría única de San Jacinto, en los Montes de María. La misma donde se legalizaron muchas de las parcelas que inversionistas antioqueños les compraron a campesinos beneficiarios del Incora para consolidar latifundios. ¡Que codicia! Se sabe al menos de cinco más en Carmen de Bolívar, Carepa, Chigorodó, Puerto López que estaban al servicio de los señores de la guerra para permitirles ensanchar sus propiedades, a punta de la crueldad de los desplazamientos forzados, refrendada luego con escrituras y registros falsos.
De allí que una de las primeras acciones de la ofensiva paramilitar, repetida municipio por municipio, era desaparecer, muchas veces con incendios provocados, las oficinas de instrumentos públicos para borrar la historia de los bienes adquiridos honradamente. Con la Ley de Víctimas se podrá reconstruir la verdad, a través de testimonios orales coincidentes, lo que se denomina “catastro social”, para que no sólo campesinos sino cualquier colombiano pueda recuperar las propiedades que le hayan sido usurpadas.
Si alguien era consciente de la importancia de tener notarios amigos, era Mario Uribe. Así lo cuenta El Tuso Sierra, el narcotraficante que operaba en el suroeste antioqueño, la zona de influencia del exsenador, en las declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, desde la Cárcel Federal de Warsaw, Virginia. El Tuso, un hombre de su confianza, con quien además estaba emparentado, identificó con nombres propios a los parientes que el exsenador logró colar en las notarías que recibió como cuota política. No sólo controlaba las notarías 5 y 6 de Medellín y la 13 de Bogotá, sino que tendría influencia en las de Caldas, Envigado y Andes, en Antioquia. Las mismas que en su momento denunció el exsuperintendente Cuello Baute y en las que, como dice El Tuso, hizo “negocios grandes” por invitación del propio Mario Uribe.
Muchos notarios, cuya obligación es ser garantes de la fe pública, se convirtieron en cómplices del despojo. De haber sido pulcros y acucioso habrían impedido muchos de los atropellos a campesinos y propietarios honrados de tierras. Pero prefirieron aliarse con ilegales y parapolíticos traicionando su juramento y pisoteando su dignidad, para legalizarles su botín de guerra.