La prueba ácida

Es por lo menos paradójico que el mismo gobierno que analizó y debatió a fondo el tema en La Habana sea incapaz, después de haber desplazado al Catatumbo a más de un centenar de funcionarios, incluidos ministros, consejeros presidenciales y hasta el vicepresidente de la República, y luego de cuarenta días de bloqueos, de encontrarle una salida al conflicto. Para lograrlo, lo lógico y lo legal es culminar rápidamente el proceso iniciado mucho antes del paro y en desarrollo de las normas existentes para la constitución de la vieja aspiración de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (Asocamscat). No reclaman ningún tipo de autonomía o extraterritorialidad, sólo que el Estado llegue a sus comunidades para trabajar hombro a hombro con ellas. Una presencia estatal que no se reduzca a la Fuerza Pública. ¿Qué le impide al Gobierno avanzar en un camino legal y que se inició sin amenazas ni paros? La desconfianza de los militares y del uribismo respecto a las zonas de reserva campesina es de vieja data y se ha convertido en una especie de inamovible que impide mirar la situación con cabeza fría.

El manejo que el Gobierno le ha dado al Catatumbo presagia enormes dificultades que enfrentaría la implementación de los acuerdos de La Habana. El Gobierno ha mostrado sus limitaciones, por no decir debilidad, para asumir el diálogo en un contexto de conflicto social inevitable y previsible, que se acentúa cuando se desatan procesos como los impulsados por Juan Manuel Santos. Los bandazos en la acción gubernamental y en el discurso presidencial no se han hecho esperar. Con estos Santos cedería el espacio político y el respaldo ganado, desdibujándose hasta convertirse en mala copia de Álvaro Uribe, y la gente se va casi siempre por el original.

Los militares y su estilo para enfrentar los problemas sociales se empiezan a imponer nuevamente. Luego de un desafortunado comienzo de las conversaciones por parte del Gobierno, se les cedió espacio y estos tomaron las riendas de un libreto conocido que dejó sin margen de acción a un negociador tan curtido como el vicepresidente Angelino Garzón.

El caso del Catatumbo habría podido convertirse en una suerte de laboratorio social a la luz de los diálogos de La Habana, con una reserva campesina establecida conforme a la ley y monitoreada por las autoridades colombianas e incluso la comunidad internacional. Una prueba ácida en el terreno frente a las dificultades que tendría la transición del país hacia la paz. El Gobierno lo sabe. La guerrilla también. Ambos están a la espera.