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La venganza de la tierra

María Elvira Bonilla
19 de diciembre de 2010 – 09:57 p. m.

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DOS HECHOS HAN CONMOVIDO A los colombianos en los últimos años: los abusos de las Farc y la catástrofe invernal en curso.

El primero suscitó las manifestaciones del 4 de febrero de 2008, Un millón de voces contra las Farc, el más duro golpe de opinión al grupo guerrillero, que los obligó a la progresiva liberación unilateral de secuestrados. El segundo ha sido la abrumadora solidaridad ciudadana con los damnificados, que además de los aportes de las grandes empresas a Colombia Humanitaria, significó que se recogieran en la Teletón, en 24 horas, más de $5.000 millones.

La crisis ambiental es de tal magnitud, que estos gestos de solidaridad con los 2 millones de personas que lo perdieron todo no son suficientes. Será necesario un cambio de actitud radical por parte de la ciudadanía con la naturaleza y del Gobierno para fortalecer la institucionalidad de la autoridad ambiental, para prevenir futuros desastres y saldar cuenta con una naturaleza que no perdona.

El presidente Santos, más allá de convocar la solidaridad, debe abordar con decisión el tema de fondo: el manejo del medio ambiente. Por una razón absurda y burocrática el ex presidente Uribe, que como buen ganadero, era sordo y ciego frente al tema ambiental, lo confundió con el tema vivienda, relegándolo a un segundo lugar. Le arrebató los instrumentos con los que podía intervenir y regular el constante atropello que los hombres con su voracidad extractiva le hacen a la tierra, a la que buscan sacársele todo y ya, sin devolverle nada.

La crisis invernal ha desnudado la precaria situación de las corporaciones autónomas regionales, cooptadas por la politiquería y más de una, cuestionada por corrupción. En el pasado predominaba en estas corporaciones  el factor técnico y actuaban como entes rectoras del manejo ambiental en las regiones, concebidas como territorios ambientales más allá de la estructura administrativa-burocrática departamental. Quedaron reducidas a simples fortines burocráticos de los congresistas, con los presupuestos más altos de cada región y las manos libres para contratar sin control alguno. El caso de la CVC en el Valle es dramático. Una corporación que fue, como tantas instituciones del departamento, referencia de seriedad y manejo ambiental, hoy está bajo la égida del ex senador Juan Carlos Martínez, quien la controla desde La Picota, a través de su álter ego, el ex gobernador Juan Carlos Abadía. El resultado ha sido la pérdida de norte, hoy con una alta responsabilidad en la debacle de las inundaciones en el Valle del Cauca. Igual sucede con corporaciones como las de Sucre, Córdoba, Bolívar, Chocó y Magdalena, permeadas por el poder de los parapolíticos.

Es el momento para que el presidente Santos le apriete el paso para resucitar el Ministerio del Medio Ambiente y promueva una reforma de fondo para que las corporaciones regionales recuperen su vocación de entes de vigilancia, protección y cumplimiento de normas para las cuales fueron creadas, con técnicos y no politiqueros de segunda a la cabeza.

Nos estamos literalmente ahogando. Sobreagua la inconsciencia frente al fondo del problema. Una crisis que puede convertirse en la gran oportunidad para salir a flote.

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