Máquina de torpedos

Sus miembros deberían ser expertos juristas pues su tarea principal es dirimir conflictos de competencia entre jueces (por ejemplo, entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria), e investigar y sancionar a jueces y abogados. Sin embargo los siete magistrados que la forman tienen una hoja de vida de políticos o burócratas y poco de juristas. Fueron nominados por los partidos políticos de la coalición de gobierno, ternados por el Presidente y elegidos por el Congreso. Por cuenta de la reelección ésta resultó una sala de bolsillo, porque mientras en su primer periodo, Álvaro Uribe tuvo una Sala Disciplinaria nominada por Andrés Pastrana y electa por otro Congreso, el Presidente la renovó con magistrados escogidos por él, a su gusto. Así que de independencia difícil hablar, mientras que de condescendencia con los intereses del gobierno mucho. La Sala la preside Ovidio Claros, un político que llegó con el respaldo de Colombia Democrática, el partido del ex senador Mario Uribe.

Por eso el gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, del corazón de la Casa de Nariño y con sólidos respaldos parlamentarios, utilizó ese camino para tumbar la destitución de su cargo. Y lo consiguió. Como el polémico ex congresista César Pérez García, quien logró lo mismo frente a un fallo de la Procuraduría que, como el de Abadía, lo inhabilitaba por 10 años. Otra tutela, de esa misma Sala, ordenó que en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema a Yidis Medina se borrara la mención del ministro de Protección Social, Diego Palacio. Una orden que al final la Corte Constitucional terminó echando para atrás.

Pero la más seria amenaza que se ve venir con el mismo mecanismo de la tutela, es el boquete que esperan abrirles a los procesos de la parapolítica. Como bien lo dijo Claros en su posesión frente al Congreso en 2008: “En mí van a tener, y lo digo sin recato, una persona en la Rama Judicial que siempre estará atento a lo que se diga en este Congreso”. El primer campanazo lo dio el caso de la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez, cuando la Sala Disciplinaria de marras, se atrevió a revocar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenaba a la congresista a seis años de prisión, por el uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea, dejándola libre. Siguió con la libertad al congresista Miguel de la Espriella, condenado por parapolítica. Hasta entonces era impensable que por un fallo de tutela se pudieran tumbar sentencias de la Sala Penal de la Corte, más cuando es sabido que el Consejo Superior de la Judicatura está para administrar la Rama Judicial y no para interferir o impartir directamente justicia a particulares.

Políticos acusados por distintos delitos, incluidos, claro, los parapolíticos, tienen toda la artillería preparada. Saben que el presupuesto de “tu me eliges, yo te absuelvo” como fórmula imbatible de contubernio, resulta de gran utilidad. La Sala Disciplinaria se convierte en la sala de torpedos para hundir los fallos de la Corte y así rescatar a sus compinches. Ojo que la cosa va en serio.