Ambigüedad más omisión: caos jurídico

La ambigüedad de la sentencia C-577 DE 2001, de la Corte Constitucional, que reconoce el carácter de familia a las parejas del mismo sexo y advierte sobre la necesidad de suplir el déficit de protección que tienen porque no existe un contrato que formalice esas uniones, pero se abstiene de mencionar el tipo de contrato mediante el cual podría superarse esa falta, y deja el asunto en manos del Legislativo, sumada a la omisión de legislar del Congreso, que prefirió hundir el proyecto sobre matrimonio igualitario tras un debate en el que brillaron por su ausencia los argumentos de fondo y sólo resonaron las expresiones homofóbicas y escatológicas del senador Gerlein, tienen sumidos en un caos jurídico a parejas del mismo sexo, notarios y jueces; enfrentados al fiscal Montealegre y al procurador Ordóñez, y al vocero de la Iglesia, monseñor Rubén Salazar, haciendo afirmaciones que ofenden la razón, como esa de que “negar derechos a quienes no los tienen no significa discriminar”.

En un intento de salvar el impasse, la Unión Colegiada del Notariado propone una fórmula, el ‘contrato solemne’, que no convence: primero, porque los notarios no pueden crear contratos distintos de los que contemplan las leyes; segundo, porque aun si pudieran hacerlo, la nueva figura es excluyente, pues se trata de un contrato sólo para personas del mismo sexo, que no sólo perpetuaría la discriminación, sino que la consagraría legalmente; tercero, porque no se sabe qué obligaciones y derechos implica, lo cual lo hace muy riesgoso, y cuarto, porque si las parejas del mismo sexo constituyen familia, como dice la sentencia de marras, el matrimonio civil es el único contrato que da origen legal a la familia y, por consiguiente, el único que les da plenas garantías constitucionales y legales a las uniones del mismo sexo.

El matrimonio civil genera efectos legales inmediatos, mientras que el ‘contrato solemne’ no lo hace. Asuntos como el régimen común de bienes, los derechos y obligaciones contemplados en las leyes de familia, la disolución del vínculo, cambios en el estado civil, entre otros, no pueden resolverse mediante contratos distintos al matrimonio, sostiene Colombia Diversa, defensora de los derechos de la población LGBTI, que insiste en esa figura como la única aceptable.

Pero los notarios están advertidos —y amenazados— por el procurador, que persiste en la cruzada para impedir la legalización de las uniones homosexuales, en abierta contradicción con el fiscal general, que sostiene que jueces y notarios son libres de interpretar la sentencia y no incurrirán en falta disciplinaria si casan parejas del mismo sexo, y que sancionarlos por ello sería abuso de autoridad y extralimitación de poder. Afirma, además, que la objeción de conciencia —la vía de escape que les abrió Ordóñez para evitar sanciones— no cabe en esos casos.

Con los notarios entre la espada y la pared, las parejas del mismo sexo acudirán de preferencia a los jueces para pedir la legalización de sus uniones. A ellos corresponde interpretar la sentencia en lo que se refiere al déficit de protección, que en uno de sus apartes dice: “En el ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja homosexual”. Es decir, el matrimonio. Si los jueces se niegan a casar a las parejas que lo han pedido, vendrán tutelas y el asunto retornará a la Corte Constitucional. Tendrá, entonces, que hablar claro para resolver el caos jurídico generado por la Sentencia C-577 y el espíritu cavernario de las mayorías parlamentarias que se abstuvieron de legislar.