El debate sobre “la mata que mata”

La fuerza de los hechos —el fracaso de la lucha contra las drogas que no ha reducido ni el número de consumidores ni los mercados, y ha generado mafias, violencia y corrupción, y las inapelables decisiones de los ciudadanos en las urnas— han obligado al gobierno Obama a mostrarse más flexible y a no estigmatizar el debate sobre la legalización. De ahí el vuelo que han cogido propuestas alternativas como las planteadas por la comisión encabezada por los expresidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, para descriminalizar y regular la marihuana, y tratar el consumo como un problema de salud pública, y de ahí audacias antes impensables como la de Mujica en Uruguay, que a finales de 2013 logró que el Congreso aprobara la ley que descriminaliza la producción y venta de marihuana —el consumo era legal—, y convirtió a su país en el primero del mundo en legalizar toda la cadena. Y a esto habría que sumarle los pronunciamientos sobre la “tolerancia” de la administración Obama con las políticas de despenalización que, a comienzos de octubre, hizo William Brownfield, el funcionario de mayor rango del Departamento de Estado para la política antinarcóticos y quien ha sido embajador en Colombia, Chile y Venezuela.

En Colombia, la política sobre el consumo ha sido un ping-pong entre la criminalización y la despenalización, punto en el que hoy estamos gracias a la reforma constitucional de 2009, que permite el porte y consumo de la dosis mínima, posición que fue ratificada por la Corte Constitucional en 2012, cuando se pronunció sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que pretendía volver a criminalizarlos. Pero el debate no termina y ahora se abre un nuevo capítulo, esta vez desde la variante terapéutica, con el proyecto de ley para regular el uso de la marihuana con fines medicinales o científicos, que fue presentado por el senador liberal Juan Manuel Galán y que empieza el martes su trámite en el Congreso.

El presidente Santos y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se muestran a favor del proyecto, pero el procurador Ordóñez ya tiene su lanza en ristre y los sectores más conservadores dicen ‘no’. No porque impulsa un mayor consumo; no porque nada hace que otros medicamentos no puedan hacer; no por los riesgos que entraña…. No, en fin, porque el prohibicionismo hace parte de su cartilla vital.

Difícil el debate porque los prohibicionistas son legión y porque está muy arraigado el mito de que las drogas ilegales son más perjudiciales que las permitidas, cuando lo cierto es que mueren más personas por consumo de alcohol y de tabaco que por el consumo de sustancias ilegales, que no hay droga que no tenga efectos negativos, que el problema es la dosis. Difícil porque prevalecen los miedos, los prejuicios y las verdades a medias. Difícil, además, porque aun quienes apoyan la iniciativa basados en evidencia científica sobre los beneficios del cannabis en el tratamiento del dolor y de algunas patologías, abrigan muchas dudas sobre la capacidad del sistema de salud y, en general del Gobierno, para ponerla en práctica. Difícil pero hay que darlo.